Por FRANK SUMMERS
16-12-2014
Dos sucesos recientes han vuelto a plantear la preocupante cuestión de la participación de los psicólogos en el programa de torturas de la administración Bush y el papel jugado en el por la American Psychological Association (APA). Un periodista del New York Times, James Risen, revela en su libro Pay Any Price: Greed, Power, and Endless War nueva información sobre el papel jugado por la APA en la formación de su grupo de trabajo sobre el papel de los psicólogos en los centros de detención creados en 2005. El segundo suceso que ha sido mucho más conocido ha sido la publicación del resumen del Informe sobre Inteligencia del Comité selecto del Senado. Hacer público el resumen del Informe sobre Inteligencia del Comité selecto del Senado ha sido la primera admisión oficial del gobierno de EEUU de que ha llevado a cabo una política de emplear la tortura en centros de detención por todo el mundo. El informe identifica a dos psicólogos que fueron contratados por la CIA para usar técnicas de tortura para extraer información de los detenidos. Aunque en lugar de dar los nombres de esos psicólogos sólo hay pseudónimos, se sabe que son James Mitchell y Bruce Jessen.
La publicación del resumen del Informe es un paso hacia la transparencia en un área de la política exterior que el gobierno ha tratado de ocultar al pueblo estadounidense desde su creación en 2002. Además, ha renovado la atención nacional sobre nuestra política respecto a la tortura, uno de los episodios más siniestros de las relaciones internacionales de EEUU. Por ambas razones, hacer público el resumen del informe es un cambio bienvenido de la política gubernamental.
No obstante, hay consecuencias potencialmente negativas en la publicación de un informe que, pese a haber sido poco discutido, debería ser el centro de cualquier intento de destapar la verdad sobre la participación de otros psicólogos en el programa de torturas. Pese a que el uso de tortura de manera sistemática en Guantánamo está documentado en el informe, el papel de otros psicólogos no se menciona, salvo en el caso de Michell y Jessen. Aunque es posible que otros psicólogos sean identificados en el propio informe reservado, el público tan solo ha tenido conocimiento de Mitchell y Jessen, propietarios de una empresa de consultoría con sede en Washington. Fueron contratados por la CIA por 181 millones de dólares para llevar a cabo «interrogatorios mejorados», y les pagaron 81 millones antes de la cancelación del contrato. Aunque Mitchell y Jessen se merecen toda la atención y crítica del público por haber enseñado, promocionado y empleado técnicas de tortura ilegales contrarias a la ética en sus llamados «interrogatorios mejorados», centrar en ellos de manera exclusiva la atención podría tener como consecuencia que se desvíe la atención de la amplia participación de psicólogos como asesores, y al menos en un caso como participantes en la tortura en Guantánamo y otros lugares de detención.
Las revelaciones sobre la participación de los psicólogos empezaron en 2004, cuando un artículo escrito por Neil Lewis informó en el New York Times sobre que un informe de la Comisión Internacional de la Cruz Roja había desvelado que psicólogos y psiquiatras graduados en EEUU actuaban como asesores para llevar a cabo torturas en Guantánamo. Las respuestas de las dos APAs, la American Psychiatric Association (APsychiA) y la American Psychological Association (APA), son reveladoras. El Dr. Stephen Sharfstein, entonces presidente de la asociación de psiquiatras, declaró inequívocamente que no hay lugar para los psiquiatras en los centros de detención, y condenó cualquier uso de la psiquiatría en el programa de «interrogatorios mejorados» de la administración Bush. Por el contrario, el Dr. Stephen Behnke, jefe de la oficina de ética de la APA, no hizo ninguna declaración categórica similar. El Dr. Behnke dijo que hay muchas áreas poco claras, tales como si la cantidad de luz que recibieron los detenidos fue «demasiada», o qué cantidad de calor o frío es «demasiado». Hasta hoy, la APA es la única asociación profesional importante que no ha tomado una posición definitiva en contra de la participación de sus miembros en interrogatorios en centros de detención.
Mientras tanto, las evidencias de la participación de psicólogos en comportamientos abusivos siguen aumentando. La revista Time (Zagorin, 2006) publicó una transcripción detallada del interrogatorio de Mohammed al-Qahtani, que se sospechaba había sido el «vigésimo secuestrador» (de los atentados del 11-S, nota de A&R). La transcripción de 84 páginas, que cubre un periodo de 50 días del invierno de 2002-03, muestra que los interrogadores usaron la privación extrema de sueño, exponerles al frío, mantenerles en pie de manera prolongada, negarles el derecho de ir al servicio, y una variedad de manipulaciones psicológicas, todas ellas definidas como tortura por el derecho internacional, en un esfuerzo para extraer información de Al-Qahtani. El FBI informó que Al-Qahtani tenía alucinaciones y hablaba con personas que no existían, un comportamiento habitual de personas que están siendo sometidas a un estrés psicológico extremo. La transcripción habla del «Dr. L.» que estaba que actuó como asesor para el interrogatorio, el cual presenció. El Dr. Steven Miles (2006) y dos expertos en bioética, Jonathan Marks y Gregg Bloche (2006), identificaron al «Dr. L.» como el mayor John Leso, un asesor en psicología.
La Oficina del Informe del Inspector General de 2004, hecho público durante el primer mandato del gobierno de Obama, reveló que los psicólogos enseñaron una versión de ingeniería inversa de técnicas SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape) en una conferencia en Fort Bragg, en septiembre de 2003, a personal JT-170 personal, el personal de Guantánamo. Las técnicas SERE fueron ideados originalmente durante la guerra de Corea para ayudar a los soldados americanos a resistir la tortura en caso de ser capturados. El informe de la OIG 2004 establece que el propósito de la conferencia era enseñar a personal JT-170 una versión de ingeniería inversa de las tácticas SERE, es decir, poner en práctica las técnicas de tortura contra las cuales se diseñó el programa SERE con la intención de ayudar a nuestros soldados a resistir, para utilizar esas técnicas en Guantánamo. Fue poco después de esta conferencia cuando esas técnicas de tortura se emplearon de manera regular en Guantánamo. Los instructores de la conferencia de Fort Bragg eran psicólogos, y los consultores que asesoraron sobre cómo utilizar la versión de ingeniería inversa de técnicas SERE en Guantánamo eran psicólogos. Mientras Mitchell asesoraba en Guantánamo, otros psicólogos hicieron lo mismo. Mientras que Mitchell era un contratista independiente, otros psicólogos eran oficiales militares desplegados en Guantánamo.
Los nuevos detenidos fueron puestos en aislamiento durante dos a cuatro semanas de manera rutinaria, un espacio de tiempo que constituye tortura según el derecho internacional. Los psicólogos son los principales asesores profesionales relacionados con la gestión de los prisioneros. En una conferencia telefónica de prensa del Pentágono, el Dr. William Winkenwerder, secretario adjunto de Defensa para Asuntos de Salud, «dejó claro que el Departamento de Defensa había llegado a depender en mayor medida de los psicólogos que de los psiquiatras en Guantánamo» (Risen, p. 195). Winkenwereder llegó a decir que la Asociación Americana de Psicología apoya el papel de los psicólogos en los interrogatorios de una manera que la Asociación Americana de Psiquiatría no lo hace.
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| Documento de la Primera Convención de Ginebra de 1864. |
En lo que tiene que ser uno de los momentos más oscuros de la psicología profesional, otro psicólogo ordenó que se torturase a un niño, Mohammed Jawad, que tenía 12 años cuando fue encarcelado. En lugar de declarar ante el segundo tribunal de crímenes de guerra en Guantánamo, el psicólogo se acogió a la Quinta Enmienda (Nota de A&R: La Quinta Enmienda a la Constitución de los EEUU permite no declarar en un juicio para no perjudicarse). Jawad fue encarcelado haber lanzado supuestamente una granada contra las tropas estadounidenses después de que su casa fue destruida en una batalla militar. Nunca fue acusado y después de una pena de prisión de seis años fue puesto en libertad.
En resumen, información sacada de una amplia variedad de fuentes ha documentado que los psicólogos desempeñaron un papel principal en el programa de torturas de la Administración Bush (por ejemplo, IOG, 2004; Bloch & Marks, 2005; McCoy, 2006; Sands, 2008; Miles, 2009). Sin embargo, la respuesta de la APA ha sido negar cualquier participación de psicólogos en la tortura hasta que la evidencia era irrefutable, e incluso entonces sólo admitieron a regañadientes que «algunos» psicólogos participaron en la tortura. Sin embargo, la APA no se disculpó por sus negaciones anteriores, ni por haber denunciado a los que con razón había denunciado que los psicólogos eran participantes activos. Hasta el día de hoy la APA nunca ha admitido el papel fundamental desempeñado por los psicólogos en el programa de torturas de la administración Bush.
El hecho de que el resumen del informe del Comité sólo identifique a Mitchell y Jessen en realidad ha beneficiado al liderazgo de la APA, que señala que Mitchell y Jessen no son miembros de la APA, y por lo tanto no pueden hacer nada contra ellos. Si bien esto es cierto, el Dr. Behnke ha afirmado que la APA no tiene conexión alguna con Mitchell y Jessen. Sin embargo, esa afirmación es desmentida por el hecho de que James Mitchell fue invitado a reuniones celebradas por la APA reservadas para quienes fuesen invitados, al mismo tiempo que otras organizaciones. Más importante aún es que, como hemos visto, Mitchell y Jessen no eran los únicos psicólogos que participaron en el programa de torturas del gobierno de Bush, y al concentrar la atención en ellos se ha desviado la atención del hecho de que la APA no ha hecho nada contra aquellos psicólogos que son miembros suyos y para los que hay importantes evidencias de su participación en unos casos y, en otros, su participación es innegable.
La APA no ha mostrado preocupación alguna por aquellos de sus miembros sobre los que existen pruebas de su participación. De hecho, varias denuncias éticas fueron presentadas contra el mencionado Dr. Leso. La APA necesitó aproximadamente siete años, y luego anunció que no iba a poner en marcha medida alguna pese a las quejas; ni siquiera llevó las denuncias ante el Comité Plenario de Ética. La carta en la que se niega a investigar el caso, firmada por el Dr. Behnke, afirma que la decisión fue que él no se creía que hubiesen pruebas suficientes para llevar el asunto ante una plenaria del comité. Una vez más, hay que destacar que tres expertos en bioética que han llevado a cabo sus propias investigaciones sin estar en contacto entre ellos han identificado el Dr. Leso como el «Dr. L.» que participó en la tortura de Muhammed al-Qahtani. Ni Leso ni nadie ha negado jamás la identificación de el «Dr. L.» con Leso.
Y eso nos lleva al segundo suceso reciente de importancia: las revelaciones de James Risen de que la APA comprometió su integridad al entregar a los militares el control sobre la elección de los miembros y la dirección de su principal grupo de trabajo sobre psicólogos y seguridad nacional, la Task Force Psychological Ethics and National Security (PENS). El informe apoyó a los psicólogos que participaron en el programa de tortura de la administración Bush al concluir que era ético para los psicólogos participar en el proceso de interrogatorio en lugares de detención. Risen encontró mensajes de correo electrónico en el ordenador de Scott Gerwehr, que este había copiado sobre las comunicaciones entre la APA, la CIA y el Pentágono, que ponían de manifiesto hasta que punto las acciones y políticas de la APA sobre la seguridad nacional se basaban en los deseos del Pentágono y de la CIA.
Risen descubrió que tras las revelaciones de Abu Ghraib (Nota de A&R: Cárcel en Iraq en manos de las fuerzas de ocupación de EEUU en la que la violación de los derechos de los detenidos era algo rutinario), la APA convocó reuniones secretas con el Pentágono y la CIA sobre la manera de hacer frente a la protesta pública sobre las fotos de estadounidenses felices torturando y humillando detenidos. Risen destaca que la APA se dirigió al aparato de seguridad nacional para orientarse y recibir asesoría en lugar de hacia sus propios miembros. Cuando la APA decidió convocar el grupo de trabajo PENS, nombró a empleados militares para seis de los nueve puntos de la votación, algunos de los cuales participaron en la aplicación de técnicas de tortura en Guantánamo. La composición del grupo de trabajo fue un conflicto de intereses evidente que se conoce desde hace muchos años. También se sabía que, aunque el objetivo del grupo de trabajo era estudiar los aspectos éticos involucrados en la participación de psicólogos en definir la de seguridad nacional, de hecho Russ Newman, el jefe de la Dirección práctica y marido de una psicóloga militar destinada en Guantánamo, dijo al grupo que tenían que «apagar los fuegos de la controversia».
Lo que no había sido revelado hasta ahora es que los correos electrónicos que Geoffrey Mumford (jefe de la dirección científica de la APA) envió a Kirk Hubbard (jefe de ciencia de comportamiento de la CIA), agradeciendo a Hubbard que influyese en el proceso de PENS y asegurando a Hubbard que sus opiniones estaban «bien representadas por los miembros del grupo de trabajo, cuidadosamente seleccionados» (Risen, p. 200). Por tanto, estos correos electrónicos son la prueba irrefutable que demuestra por qué el grupo de trabajo PENS favorecía de manera tan descarada a los que tenían un claro conflicto de intereses. La APA se había asegurado de que los intereses del Pentágono fuesen defendidos por lo que se suponía era una investigación imparcial de las cuestiones éticas. En lugar de ello, los científicos del comportamiento del interior del aparato de seguridad nacional gubernamental jugaron un papel importante en la formación y definición del grupo de trabajo PENS incluso antes de que se constituyese. Funcionarios de la APA trabajaron detrás de las bambalinas con funcionarios del Pentágono para decidir la dirección del grupo de trabajo de manera que apoyase la participación de psicólogos en el programa de «interrogatorios» del gobierno de Bush.
En resumen, quiero subrayar el hecho de que el comportamiento de la APA durante los diez últimos años ha sido proteger el derecho de los psicólogos para trabajar en centros de detención ilegales. Sin embargo, en 2008, un referéndum aprobado por los miembros de la APA prohíbe a los psicólogos trabajar en esos entornos salvo para un beneficio específico de la persona detenida o de un tercero independiente. Esa es la política oficial de la APA, pero la organización ha hecho muy poco para ponerla en práctica. Con las revelaciones del libro de Risen ahora tenemos nueva claridad en la política de la APA. Se ha estado trabajando mano a mano con el Pentágono y la CIA, mientras que se adoptaba una política de negligencia hacia los deseos de sus propios miembros.
Referencias:
● Bloch, G. and Marks, J. (2005). «Doctors and Interrogators at Guantanamo Bay». The New England Journal of Medicine 353 (1), pp. 6-8.
● Koocher, G. (2006). «President’s Column». APA Monitor, Vol. 37, Nº.2, February, p.5.
● McCoy, A. (2006). A Question of Torture: CIA Interrogation from the Cold War to the War on Terror, New York: Metropolitan.
● Miles, S. (2006). Oath Betrayed. New York: Random House.
● Office of Inspector General (2004), Report to the US Congress 2004. Washington, DC: The US Government.
● Risen, J. (2014). Pay Any Price: Greed, Power, and Endless War. New York: Houghton-Mifflin.
● Sands, P.(2009). The Torture Team. New York: Palgrave-MacMillan.
● United Nations Commission on Human Rights (15 febrero 2006). The Situation of Detainees at Guantanamo Bay.
● Zagorin, A. (2006) One Life Inside Gitmo. Time, 13 marzo.
● Zimbardo, P.(2006) Comments on the PENS Task Force Report.
¿QUIÉN ESTÁ LOCO AHORA? EL APOYO DE
LOS PSICÓLOGOS DE EEUU A LA TORTURA
Aunque la mayoría de los psicólogos son buena gente, las tiranías siempre han empleado a psicólogos corruptos para castigar a los disidentes y calificarlos de «locos». El gobierno nazi apoyó de manera sustancial a los psicólogos, muchos de los cuales justificaron el exterminio de personas que consideraban «comprometidas racial y cognitivamente». Los psiquiatras soviéticos se hicieron famosos ayudando a Stalin con diagnósticos falsos de locura para los disidentes: la explicación oficial era que ninguna persona en su sano juicio podía estar en contra del gobierno soviético y el comunismo. Y los psicólogos americanos autoritarios están ansiosos de etiquetar como alguien digno de ser enviado al manicomio a cualquiera que «tome una postura cínica hacia la política, desconfíe de la autoridad, apoye las prácticas democráticas (...) y manifieste una forma de pensar inquisitiva e imaginativa» (esos rasgos también pueden conseguir que uno sea calificado como un terrorista potencial).
Como ha escrito en el Psychiatric Times el profesor de psiquiatría James Knoll: «Cuando la ciencia psiquiátrica se pone al servicio de un programa político, se crea una alianza poco saludable. La ciencia siempre será el organismo huésped, que será controlado por virus políticos... La psiquiatría puede llegar a parecerse a un organismo completamente nuevo, uno al servicio de los extremos del sistema de la justicia penal». De hecho, psicólogos americanos crearon el programa estadounidense de tortura que fue concebido a propósito para obtener falsas confesiones que justificasen la política militar de EEUU. Irónicamente, dados los antecedentes de los psicólogos desplegados por Stalin para aplastar la disidencia, el tipo de tortura utilizado por la CIA fue una técnica de tortura comunista. Y no olvidemos esto. En realidad, sabemos desde hace 2.000 años que todas las torturas producen confesiones falsas. Y nosotros hemos sabido desde hace mucho tiempo que la tortura reduce nuestra seguridad nacional).