Revista Crisis, número 1 (verano 1993)
“Es como las capas de una cebolla, que cuantas más quitas más ganas tienes de llorar. En este país existen dos leyes; una para los servicios de seguridad y otra para el resto de nosotros.”
James Milles, ex agente del MI-5
La Agenda Oculta
Desde 1988 un fantasma recorre el País Vasco: el “informe Navajas”. Un dossier realizado por Luis Navajas Ramos, fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián, que relaciona a destacados miembros de la Guardia Civil en Euskadi con presuntas actividades de narcotráfico y contrabando. Se trata de un informe “maldito” al que nadie parece atreverse a hincar el diente.
El “informe Navajas” ha sido una auténtica patata caliente para los responsables de los ministerios de Interior y Justicia en estos cinco últimos años. La gravedad de las imputaciones y la categoría de las personas bajo sospecha, entre las que figura el teniente coronel Luis Rodríguez Galindo, “héroe” de la lucha antiterrorista, no han favorecido precisamente la diligencia para depurar responsabilidades.
Por el contrario, el impase sufrido durante el mandato del fiscal general Javier Moscoso, primer responsable público que conoció los hechos, y de su sucesor Leopoldo Torres, ha servido para fomentar una campaña de desactivación controlada. Campaña orquestada desde medios próximos a los investigados que ha contado además con la colaboración responsable de la prensa conservadora y la atonía de partidos y sindicatos.
Este frente “anti-investigación”, fraguado aprovechando el desinterés de las instituciones ante el caso, busca, en opinión de distintas fuentes, presentar el asunto como una conspiración filoetarra y sensibilizar al colectivo de la Benemérita como si se tratara de un ataque frontal al Cuerpo. De ahí que la campaña se magnificara a partir de que a finales de 1992 el diario Egin, habitual portavoz del grupo KAS (Coordinadora Abertzale Socialista), realizara un amplio despliegue periodístico sobre el affaire.
Hasta ese momento, el “informe Navajas” sólo era desacreditado veladamente debido, entre otras cosas, a que la exclusiva periodística fue anticipada por Diario 16, rotativo de circulación nacional. Únicamente cuando el caso se reubicó en la problemática vasca vía Egin, la campaña se generalizó rechazando globalmente la solvencia de las investigaciones y calificando la acción de la prensa de “linchamiento contra la Guardia Civil”.
Este clima de confusión alcanzó su punto crítico el pasado 19 de enero tras el asesinato por ETA de una de las personas relacionadas en el informe filtrado a los medios de comunicación. Para ciertos sectores, la muerte de un tiro en la nuca de José Antonio Santamaría, ex jugador de la Real Sociedad, constituía la esperada prueba sobre la existencia de una trama tras el llamado “informe Navajas”.
No obstante la acción criminal, Santamaría estaba formalmente acusado de intentar sobornar a un miembro de la brigada anticorrupción de la Guardia Civil infiltrado en una de las redes delictivas incriminadas. Sorprendentemente, según medios próximos al atestado policial, ETA utilizó para su acción terrorista munición similar a la incautada en 1982 a ETA (P-M) tras su disolución.
UCIFA y Operación Pitón
Posteriormente, dos episodios colaterales y aparentemente independientes han venido a complicar aún más la ya enredada madeja del “informe Navajas”, también conocido como “caso Galindo”. Ambos extremos, probables escalones de un proceso más ambicioso, tienen su origen en actuaciones del ex juez Baltasar Garzón, y en uno de ellos la carga de la prueba descansa sobre confesiones de arrepentidos.
El primer hecho aparece como una ramificación de las investigaciones realizadas por la fiscalía guipuzcoana desde 1998 y se concreta en la detención del teniente de la Guardia Civil Antonio Palomino de Andalucía. Se conoce como “Operación Pitón” y provocó la desarticulación de una de las mafias internacionales de narcotraficantes más importantes de España.
El segundo es el “Caso UCIFA” y llevó al desmantelamiento de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCFA) de la Guardia Civil y a la detención de sus responsables. Paradójicamente, esta acción judicial originó el procesamiento del coronel Francisco Quintero Sanjuan, hombre clave en las pesquisas del “informe Navajas”, “caso Galindo”. Quintero, numero dos de la UCIFA, fue acusado por antiguos confidentes de la unidad de pagar con droga a sus informadores.
Así las cosas, cuando se van a cumplir cinco años del “informe Navajas”, la situación, según distintos medios jurídicos, es explosiva. De un lado, hombres como el coronel Quintero se han “abrasado” en las mismas ascuas que investigaban. Del otro, las diligencias iniciadas por el fiscal jefe de San Sebastián siguen sin sustanciarse, ahora en fase de instrucción bajo la competencia del juez Fernando Abreu.
¿La agenda oculta del narcotráfico?
Pero el “informe Navajas” está vivo; no es fruto de una conspiración. Por más que un cúmulo de circunstancias hayan desvirtuado su siniestro perfil: la supuesta asociación entre mafias del narcotráfico y el contrabando y miembros organizados de la Seguridad del Estado. Una suerte de “agenda oculta” del narcotráfico donde supuestas “razones de Estado” podrían haber servido de coartada para la alta delincuencia.
El caso se remonta a los últimos meses de 1988. En estas fechas, un capitán y un número de la Unidad de Servicios Especiales (USE) del Servicio Central de Información de la Guardia Civil (SIGC, los “intocables” de la Benemérita) participaban al entonces fiscal jefe de San Sebastián sobre la posible existencia de una red de narcocontrabandistas formada por paisanos y mandos del Cuerpo y de la Policía.
Poco tiempo después estas sospechas eran ratificadas con soporte documental al más alto nivel. El capitán José Castañeda, oficial del USE, y el jefe del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, teniente coronel Quintero, se volvían a entrevistar con Luis Navajas y le aportaban un detallado informe escrito sobre las presuntas conexiones.
Con esa base argumental el fiscal donostiarra inició una exhaustiva ronda testifical. Tomó declaración reiteradamente a cinco “arrepentidos” directamente relacionados con el objeto de la investigación. El resultado fue concluyente: “la coincidencia fundamental de los datos responde fundamentalmente no a su previa puesta de acuerdo sino a la realidad de la situación existente” (El País, 9 y 10 abril de 1993, "El 'informe Navajas', caso "maldito". Una decena de mandos de la Guardia Civil de Guipúzcoa, investigados por narcotráfico").
El 12 de mayo de 1989 el representante del ministerio público entregaba al Fiscal General un dossier con los nombres y las actividades de los 31 sospechosos. En el acto, además, solicitó que se formara un grupo especial de “15 0 20 guardias civiles del Servicio Central de Información” para proseguir las diligencias con las debidas garantías de eficacia y discreción. Moscoso dio la callada por respuesta.
Después vinieron las filtraciones a distintos diarios; el relevo de Navajas por el magistrado Abreu; el asesinato de Santamaría por la ETA; la “operación Pitón”, el “caso UCIFA” y la teoría de la conspiración.
Lo que sigue son escritos de la investigación interna del caso a la que ha tenido acceso el Equipo Crisis. La documentación oficial que se reproduce habla por sí misma de la envergadura del “informe Navajas”, “caso Galindo”.
¿Se trata, quizás, de piezas de convicción de una posible “agenda oculta” en España?
DOCUMENTOS
“Es como las capas de una cebolla, que cuantas más quitas más ganas tienes de llorar. En este país existen dos leyes; una para los servicios de seguridad y otra para el resto de nosotros.”
James Milles, ex agente del MI-5
La Agenda Oculta
Desde 1988 un fantasma recorre el País Vasco: el “informe Navajas”. Un dossier realizado por Luis Navajas Ramos, fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián, que relaciona a destacados miembros de la Guardia Civil en Euskadi con presuntas actividades de narcotráfico y contrabando. Se trata de un informe “maldito” al que nadie parece atreverse a hincar el diente.
El “informe Navajas” ha sido una auténtica patata caliente para los responsables de los ministerios de Interior y Justicia en estos cinco últimos años. La gravedad de las imputaciones y la categoría de las personas bajo sospecha, entre las que figura el teniente coronel Luis Rodríguez Galindo, “héroe” de la lucha antiterrorista, no han favorecido precisamente la diligencia para depurar responsabilidades.
Por el contrario, el impase sufrido durante el mandato del fiscal general Javier Moscoso, primer responsable público que conoció los hechos, y de su sucesor Leopoldo Torres, ha servido para fomentar una campaña de desactivación controlada. Campaña orquestada desde medios próximos a los investigados que ha contado además con la colaboración responsable de la prensa conservadora y la atonía de partidos y sindicatos.
Este frente “anti-investigación”, fraguado aprovechando el desinterés de las instituciones ante el caso, busca, en opinión de distintas fuentes, presentar el asunto como una conspiración filoetarra y sensibilizar al colectivo de la Benemérita como si se tratara de un ataque frontal al Cuerpo. De ahí que la campaña se magnificara a partir de que a finales de 1992 el diario Egin, habitual portavoz del grupo KAS (Coordinadora Abertzale Socialista), realizara un amplio despliegue periodístico sobre el affaire.
Hasta ese momento, el “informe Navajas” sólo era desacreditado veladamente debido, entre otras cosas, a que la exclusiva periodística fue anticipada por Diario 16, rotativo de circulación nacional. Únicamente cuando el caso se reubicó en la problemática vasca vía Egin, la campaña se generalizó rechazando globalmente la solvencia de las investigaciones y calificando la acción de la prensa de “linchamiento contra la Guardia Civil”.
Este clima de confusión alcanzó su punto crítico el pasado 19 de enero tras el asesinato por ETA de una de las personas relacionadas en el informe filtrado a los medios de comunicación. Para ciertos sectores, la muerte de un tiro en la nuca de José Antonio Santamaría, ex jugador de la Real Sociedad, constituía la esperada prueba sobre la existencia de una trama tras el llamado “informe Navajas”.
No obstante la acción criminal, Santamaría estaba formalmente acusado de intentar sobornar a un miembro de la brigada anticorrupción de la Guardia Civil infiltrado en una de las redes delictivas incriminadas. Sorprendentemente, según medios próximos al atestado policial, ETA utilizó para su acción terrorista munición similar a la incautada en 1982 a ETA (P-M) tras su disolución.
UCIFA y Operación Pitón
Posteriormente, dos episodios colaterales y aparentemente independientes han venido a complicar aún más la ya enredada madeja del “informe Navajas”, también conocido como “caso Galindo”. Ambos extremos, probables escalones de un proceso más ambicioso, tienen su origen en actuaciones del ex juez Baltasar Garzón, y en uno de ellos la carga de la prueba descansa sobre confesiones de arrepentidos.
El primer hecho aparece como una ramificación de las investigaciones realizadas por la fiscalía guipuzcoana desde 1998 y se concreta en la detención del teniente de la Guardia Civil Antonio Palomino de Andalucía. Se conoce como “Operación Pitón” y provocó la desarticulación de una de las mafias internacionales de narcotraficantes más importantes de España.
El segundo es el “Caso UCIFA” y llevó al desmantelamiento de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCFA) de la Guardia Civil y a la detención de sus responsables. Paradójicamente, esta acción judicial originó el procesamiento del coronel Francisco Quintero Sanjuan, hombre clave en las pesquisas del “informe Navajas”, “caso Galindo”. Quintero, numero dos de la UCIFA, fue acusado por antiguos confidentes de la unidad de pagar con droga a sus informadores.
Así las cosas, cuando se van a cumplir cinco años del “informe Navajas”, la situación, según distintos medios jurídicos, es explosiva. De un lado, hombres como el coronel Quintero se han “abrasado” en las mismas ascuas que investigaban. Del otro, las diligencias iniciadas por el fiscal jefe de San Sebastián siguen sin sustanciarse, ahora en fase de instrucción bajo la competencia del juez Fernando Abreu.
¿La agenda oculta del narcotráfico?
Pero el “informe Navajas” está vivo; no es fruto de una conspiración. Por más que un cúmulo de circunstancias hayan desvirtuado su siniestro perfil: la supuesta asociación entre mafias del narcotráfico y el contrabando y miembros organizados de la Seguridad del Estado. Una suerte de “agenda oculta” del narcotráfico donde supuestas “razones de Estado” podrían haber servido de coartada para la alta delincuencia.
El caso se remonta a los últimos meses de 1988. En estas fechas, un capitán y un número de la Unidad de Servicios Especiales (USE) del Servicio Central de Información de la Guardia Civil (SIGC, los “intocables” de la Benemérita) participaban al entonces fiscal jefe de San Sebastián sobre la posible existencia de una red de narcocontrabandistas formada por paisanos y mandos del Cuerpo y de la Policía.
Poco tiempo después estas sospechas eran ratificadas con soporte documental al más alto nivel. El capitán José Castañeda, oficial del USE, y el jefe del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, teniente coronel Quintero, se volvían a entrevistar con Luis Navajas y le aportaban un detallado informe escrito sobre las presuntas conexiones.
Con esa base argumental el fiscal donostiarra inició una exhaustiva ronda testifical. Tomó declaración reiteradamente a cinco “arrepentidos” directamente relacionados con el objeto de la investigación. El resultado fue concluyente: “la coincidencia fundamental de los datos responde fundamentalmente no a su previa puesta de acuerdo sino a la realidad de la situación existente” (El País, 9 y 10 abril de 1993, "El 'informe Navajas', caso "maldito". Una decena de mandos de la Guardia Civil de Guipúzcoa, investigados por narcotráfico").
El 12 de mayo de 1989 el representante del ministerio público entregaba al Fiscal General un dossier con los nombres y las actividades de los 31 sospechosos. En el acto, además, solicitó que se formara un grupo especial de “15 0 20 guardias civiles del Servicio Central de Información” para proseguir las diligencias con las debidas garantías de eficacia y discreción. Moscoso dio la callada por respuesta.
Después vinieron las filtraciones a distintos diarios; el relevo de Navajas por el magistrado Abreu; el asesinato de Santamaría por la ETA; la “operación Pitón”, el “caso UCIFA” y la teoría de la conspiración.
Lo que sigue son escritos de la investigación interna del caso a la que ha tenido acceso el Equipo Crisis. La documentación oficial que se reproduce habla por sí misma de la envergadura del “informe Navajas”, “caso Galindo”.
¿Se trata, quizás, de piezas de convicción de una posible “agenda oculta” en España?
DOCUMENTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10