Por Margot Cleveland
Texas argumenta que el caso "presenta cuestiones constitucionales de inmensas consecuencias nacionales", a saber, que las elecciones de 2020 sufrieron graves irregularidades constitucionales.
El lunes, Texas presentó una moción solicitando permiso para presentar una "Propuesta de Demanda" ante la Corte Suprema de los EE.UU. para impugnar la constitucionalidad de las administraciones de Pennsylvania, Georgia, Michigan y Wisconsin en las elecciones presidenciales de 2020. En total las demandas, que incluyen también una solicitud de revisión acelerada y un requerimiento judicial preliminar, abarcan más de 150 páginas. Esto es lo que hay que saber al respecto.
1. Esto no es Bush contra Gore
La demanda de Texas es una instrumento procesal que difiere mucho del caso Bush contra Gore en torno a las elecciones de 2000. A diferencia de Bush contra Gore, que llegó en forma de apelación a la Corte Suprema, la demanda de Texas se basa en la "jurisdicción original" de la Corte Suprema, o su poder para escuchar un caso inicialmente.
La Constitución establece varios tipos de casos que caen dentro de la jurisdicción original de la Corte Suprema, pero aparte de los casos que involucran disputas entre dos estados, el Congreso ha creado una "jurisdicción concurrente" con tribunales federales inferiores. Esto significa que esos otros tipos de disputas pueden ser escuchados por los tribunales de distrito federales.
No es así en el caso de un estado que demanda a otro. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene "jurisdicción exclusiva" sobre tales casos, lo que significa que tales disputas solo pueden ser resueltas por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Sin embargo, paradójicamente, la Corte Suprema no tiene que escuchar una disputa entre los estados. Más bien, el precedente dominante sostiene que la decisión de escuchar una disputa de este tipo está dentro de la discreción de la Corte Suprema. Es por eso que Texas presentó una "Moción de permiso para presentar una factura de queja", porque necesita el permiso del tribunal para presentar la queja.
En su memorando en apoyo de su moción, Texas argumenta que el caso "presenta cuestiones constitucionales de inmensas consecuencias nacionales", a saber, que las elecciones de 2020 sufrieron graves irregularidades constitucionales, incluidas violaciones por parte de los estados acusados de la Cláusula de los electores y la Cláusula del debido proceso de la Constitución. El escrito también sostiene que un fallo ayudaría a “preservar la Constitución y ayudaría a prevenir irregularidades en futuras elecciones”.
Texas, sin embargo, también argumenta que la "revisión de la Corte Suprema no es discrecional". En otras palabras, Texas también está pidiendo a la Corte Suprema que revoque su precedente que sostiene que la corte superior no necesita aceptar una queja presentada por un estado contra uno o más estados acusados. Dada la sensibilidad temporal de la disputa electoral (el espacio de tiempo para presentar una demanda judicial y su resolución es extremadamente corto, de unas pocas semanas entre el recuento y el nombramiento oficial del ganador, AyR), es poco probable que la Corte Suprema quiera desperdiciar días preciosos revisando este precedente, algo innecesario si la Corte Suprema acepta el proyecto de ley de quejas de manera discrecional.
2. El tiempo es corto y el tribunal ya ha actuado
Junto con su Moción de Permiso para una "Propuesta de demanda", Texas también presentó una segunda Moción de Consideración Acelerada de sus mociones, incluyendo una Moción para un Mandato Preliminar, una Orden de Restricción Temporal, o alternativamente una Suspensión. En esta última moción, Texas pide al tribunal que ordene a Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania que no tomen ninguna medida para certificar a los electores presidenciales, participar en el Colegio Electoral o votar por un candidato presidencial hasta que el Tribunal Supremo resuelva la demanda de Texas.
Teniendo en cuenta que la ley federal establece el 8 de diciembre como un puerto seguro (la fecha límite a partir de la cual se puede vahacerlidar algo, AyR) para certificar electores presidenciales, y que el Colegio Electoral vota el 14 de diciembre y la Cámara de Representantes cuenta los votos el 6 de enero, Texas implora al tribunal que acelere el procedimiento, ya que "a falta de alguna forma de reparación, los acusados nombrarán electores basándose en resultados electorales inconstitucionales y profundamente inciertos".
Ayer el tribunal, reconociendo la urgencia del asunto, ordenó que los estados demandados respondieran a la Moción de Permiso de Texas para Presentar una Propuesta de Demanda, y a la Moción de Texas para un Mandato Preliminar, Orden de Restricción Temporal, o una Suspensión, a ser presentada para el 10 de diciembre de 2020, a las 3 p.m.
3. Texas presenta serias reclamaciones constitucionales
Dejando de lado a aquellos que califican la demanda de Texas de ser un intento "Hail Mary" (algo hecho en el último minuto, AyR) para bloquear el resultado de las elecciones de 2020, la queja del estado de la estrella solitaria presenta serios problemas constitucionales. Esos problemas, como dice Texas, superan con creces las irregularidades electorales de las elecciones de 2000.
En su propuesta de demanda, presentada junto con su moción de permiso, Texas presenta tres retos constitucionales. El primer punto alega que los estados demandados violaron la Cláusula de los Electores de la Constitución.
La Cláusula de Electores del Artículo II, Sección 1, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos establece que "cada estado nombrará, de la manera que la Legislatura de éste indique, un número de electores, igual al número total de Senadores y Representantes que le corresponda en el Congreso". Como señala Texas, esta cláusula "deja claro que sólo las legislaturas de los Estados están autorizadas a determinar las normas para el nombramiento de los electores presidenciales".
Pero, como revela Texas en su detallado resumen de los hechos, cada uno de los estados demandados, a través de actores no legislativos, anuló las leyes electorales establecidas legislativamente en violación de la Cláusula de los Electores. Por ejemplo, varios grandes condados de Wisconsin utilizaron buzones de correos en violación directa del Código Electoral de Wisconsin que establece procedimientos detallados por los que los municipios pueden designar lugares para la aceptación de votos en ausencia. Los funcionarios electorales de Wisconsin también hicieron caso omiso de los requisitos legales de certificación de los votos en ausencia, contando los votos que la legislatura estatal definió como ilegales porque no incluían la firma y la dirección de un testigo.
Los funcionarios electorales de Michigan también violaron los mandatos estatutarios establecidos por la legislatura estatal, con el envío masivo de papeletas de voto en ausencia por parte del secretario de estado en contravención de la ley estatal. Y en el condado de Wayne, el hogar del bastión demócrata de Detroit, los funcionarios electorales ignoraron el requisito de verificación de la firma del estado. Georgia también violó el requisito de la legislatura para la verificación de firmas, según la queja de Texas.
Las violaciones más graves que se alegan proceden de Pennsylvania, donde los funcionarios electorales hicieron caso omiso de la prohibición legal de inspeccionar las boletas antes del día de las elecciones, y luego proporcionaron ilegalmente información sobre los votantes a terceros y permitieron el tratamiento ilegal de las boletas. Es significativo que en Pensilvania estas prácticas ilegales sólo se produjeron en los bastiones de los demócratas, mientras que los republicanos siguieron la ley.
Estas y otras prácticas, alega Texas, establecen una clara violación de la Cláusula de los Electores, porque esa cláusula deja claro que es la legislatura estatal -y no las agencias administrativas, los funcionarios electorales, o incluso los tribunales- la encargada, en virtud de nuestro sistema constitucional, de seleccionar a los electores (Este argumento se apoya en el escrito de concurrencia de tres jueces escrita por el entonces presidente del Tribunal Supremo William Rehnquist en Bush contra Gore). A partir de ahí, el primer punto de Texas argumenta que "los electores nombrados al Colegio Electoral en violación de la Cláusula de los Electores no pueden emitir votos constitucionalmente válidos para el cargo de Presidente".
En el segundo punto, Texas se basó en los mismos hechos, y luego presenta una demanda de protección igualitaria, basada en el razonamiento de la opinión de la mayoría en el caso Bush contra Gore. En el caso Bush contra Gore, el Tribunal Supremo sostuvo que la Cláusula de Igual Protección de la Constitución se viola cuando los estados aplican normas diferentes para juzgar la legalidad de los votos emitidos para la presidencia.
"El derecho al voto se protege en más formas que en asignación inicial de donde se deposita el voto", escribió la Corte Suprema. "La igualdad de protección se aplica también a la forma del ejercicio del derecho al voto. Habiendo concedido una vez el derecho de voto en igualdad de condiciones, el Estado no puede, mediante un posterior tratamiento arbitrario y dispar, valorar el voto de una persona por encima del de otra".
Luego, citando su detallada exposición de los hechos, que puso de relieve el tratamiento dispar de los votantes por parte de los estados demandados, Texas argumenta en el segundo punto que "las violaciones de la igualdad de protección en un Estado pueden afectar y de hecho afectan negativamente y disminuyen el peso de los votos emitidos en los Estados que respetan legalmente la estructura electoral establecida en la Constitución".
Finalmente, en el tercer punto, Texas afirma que ha tenido lugar una violación de la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución. Esta afirmación se basa en la alegación de Texas de que las prácticas electorales de los estados demandados en 2020 alcanzaron "un punto de injusticia patente y fundamental", violando así el debido proceso sustantivo.
Estos tres puntos y los hechos detallados que alega Texas dejan claro que el problema de Texas no es con las leyes electorales de los estados, sino con la violación por parte de los estados de sus propias leyes electorales, en contravención de la Constitución de los Estados Unidos.
4. Texas se presenta para demandar
Sin embargo, no basta con alegar que los estados acusados violaron la Constitución. Texas también debe establecer que está "capacitado" para demandarlos, lo que significa que ha sido perjudicada de una manera que le da derecho a presentarse ante el tribunal y buscar reparación. En su Moción de Permiso, Texas argumenta ampliamente que tiene legitimación, y presenta tres bases separadas para ello.
En primer lugar, Texas reclama el derecho a presentar las reclamaciones constitucionales de sus ciudadanos, que "tienen derecho a exigir que todos los demás Estados se atengan a las normas establecidas constitucionalmente en el nombramiento de electores presidenciales para el colegio electoral".
En segundo lugar, Texas "impulsa su propia forma de lesión de los derechos de voto como Estados" basada en la estructura de la Constitución. "Mientras que la Cámara de Representantes representa al pueblo proporcionalmente, el Senado representa a los Estados", señala Texas. Así pues, "si bien es probable que los estadounidenses se preocupen más por quién es elegido Presidente, los Estados tienen un interés claro en quién es elegido Vicepresidente y, por tanto, en quién puede emitir el voto de desempate en el Senado", subraya el informe de Texas. Y añade:
Los estados sufren una lesión del Artículo III cuando otro estado viola la ley federal para afectar el resultado de una elección presidencial. Esta lesión es particularmente grave en 2020, donde una mayoría en el Senado a menudo dependerá del voto de desempate del vicepresidente debido al equilibrio casi igual —y, según el resultado de las elecciones de desempate de Georgia en enero, posiblemente igual— entre los partidos políticos. En pocas palabras, es de vital importancia para los Estados quien se convertirá en vicepresidente.
Finalmente, Texas argumenta que tiene capacidad para demandar como representante de los "electores" del estado. Estos electores, argumenta Texas, sufren una "lesión legislativa cuando acciones supuestamente impropias les niegan una mayoría que puede tomar decisiones". Dado que "el colegio electoral es un juego de suma cero", el nombramiento inconstitucional de electores en otros estados perjudica a los electores de Texas, según el informe.
5. Texas no busca anular las elecciones o nombrar presidente a Trump
Estas lesiones, afirma Texas, exigen un remedio. Pero el remedio que se busca no es lo que algunos pueden suponer que es el objetivo: un segundo mandato para el Presidente Trump.
No, lo que Texas busca es que el Tribunal Supremo ordene que los estados demandados cumplan con la Constitución, y eso significa que los electores sean seleccionados por las legislaturas de los estados. Texas deja claro este punto, subrayando: "El Estado demandante no pide a este Tribunal que decida quién ganó la elección; sólo piden que el Tribunal impida las claras violaciones de la Cláusula de los Electores de la Constitución".
6. Texas trae las citas
El equipo legal del fiscal general de Texas se ha destacado en su informe. Con hechos claros y sorprendentes y argumentos detallados y persuasivos, Texas ha presentado un sólido caso para la participación de la Corte Suprema, y en el camino, el equipo legal incluyó algunas citas estelares, algunas de años pasados y algunos nuevos clásicos, como esta apertura:
Nuestro país se encuentra en una encrucijada importante. O bien la Constitución es importante y debe ser respetada, incluso cuando algunos funcionarios la consideran inconveniente o anticuada, o es simplemente un pedazo de pergamino que se exhibe en los Archivos Nacionales. Pedimos a la Corte que elija lo primero.
Como dice Texas, si la Corte Suprema interviene, de hecho sería basándose "en el espíritu del caso Marbury contra Madison" (proceso judicial de 1803 ante el Tribunal Supremo de EEUU originado por una querella tras las elecciones presidenciales de 1800, en las que Thomas Jefferson derrotó al entonces presidente John Adams; Jefferson denunció que el partido derrotado trató de asegurarse el control de la judicatura nombrando justo antes de las elecciones miembros de su partido justo antes de abandonar el poder, AyR).