Publicado por Grayzone Project (30.07.2018)
Un estudio detallado de la cifra de muertos que se ha registrado en Nicaragua desde una campaña violenta para destituir al presidente Daniel Ortega y su gobierno sandinista muestra que, al menos, fueron asesinados tantos simpatizantes sandinistas como miembros de la oposición. El estudio, “Monopolizando la muerte“ (PDF) (Traducción inglesa: “Monopolizing Death"), demuestra cómo las ONG locales partidistas mezclaron todas las muertes ocurridas desde abril, incluidos los accidentes y los asesinatos de sandinistas, para presentarlas como asesinatos llevados a cabo por las fuerzas gubernamentales. Washington se ha aprovechado del falso recuento de muertes para impulsar su política de imponer sanciones contra Nicaragua e intensificar la presión en favor de un cambio de régimen.
El número de muertos manipulados fue la pieza central de un discurso del 25 de julio de la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen en la Cámara del Congreso de EEUU. Mientras pedía apoyo para una resolución bipartidista que condenaba al presidente nicaragüense Daniel Ortega por ordenar supuestamente la masacre de manifestantes, Ros-Lehtinen declaró:
"Señor portavoz, cuatrocientos cincuenta! Esta es la cifra de nicaragüenses asesinados por el régimen de Ortega y sus matones desde abril de este año".
La descripción de la congresista de un régimen dictatorial que dispara contra manifestantes pacíficos como codornices indefensas en una cacería organizada fue diseñado para generar presión en favor de un ataque contra la economía nicaragüense en forma de paquetes de sanciones como la Nica Act (ley Nica). Su discurso fue reforzado por la intervención del vicepresidente Mike Pence, quien condenó al gobierno de Nicaragua por los “más de 350 muertos a manos del régimen" y por Ken Roth, el director ejecutivo de Human Rights Watch desde hace muchos años, quien también sugirió que Ortega había ordenado personalmente el asesinato de "300 manifestantes que protestaban contra su gobierno corrupto y represivo".
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A lo largo de las últimas dos semanas, he estado en Nicaragua entrevistando a decenas de víctimas de la oposición nicaragüense respaldada por Estados Unidos. Me encontré con oficiales de policía que vieron a sus colegas matador a tiros por elementos bien armados mientras se les ordenaba permanecer en sus puestos, a líderes sindicales sandinistas cuyas casas fueron incendiadas, y ciudadanos normales que fueron secuestrados en barricadas (llamadas trancas) y fueron sacados a la fuerza de sus casas para ser golpeados y torturados, a veces con la aprobación de los sacerdotes católicos. Estaba claro para mí que la oposición nicaragüense era cualquier cosa menos pacífica en su intento de lograr un cambio de régimen.
Y también estaba claro que muchos sandinistas habían sido asesinados desde que comenzó el caos en abril. Las víctimas de la oposición incluyen a Gabriel de Jesus Vado, un oficial de policía de Jinotepe, que fue secuestrado, arrastrado por un automóvil en marcha y quemado vivo este mes mientras se grababa en video en la tranca de Monimbo, un barrio en Masaya que la oposición había ocupado violentamente durante semanas.
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Militantes de la oposición queman vivo a Gabriel de Jesus Vado, oficial de policía de Jinotepe, en un bloqueo de carreteras en Masaya, después de torturarlo brutalmente. Un sacerdote católico local, Harvin Padilla, fue grabado dando su consentimiento verbal para el atroz asesinato.
Pero de acuerdo con la lógica empleada por el Congreso de EEUU y la Casa Blanca, que responsabilizan al gobierno por cada muerte ocurrida en Nicaragua entre abril y junio, el asesinato de Vado y otros veinte miembros de la policía nacional de Nicaragua nunca tuvo lugar. Ni tampoco la muerte de nadie asesinado por los paramilitares de la oposición. Esto es lo que tienes que creer si culpas al gobierno sandinista del cien por cien de las muertes.
La manipulación de la cifra de muertos por el Congreso y las ONG occidentales (el ’poder blando’ de occidente) se expone con meticuloso detalle en el informe "Monopolizando la muerte" (PDF).
El autor de este estudio forense, el investigador independiente nicaragüense Enrique Hendrix, describe su análisis como la “prueba de una campaña que, al carecer de una causa justa, utiliza la muerte de cada ciudadano como un motivo para manipular las emociones de la población con el fin para confrontar 'el gobierno' con ’el pueblo’ ".
Hendrix me contó que inició su estudio, "Monopolizando la muerte" (PDF), dos semanas después de que comenzaran las protestas antisandinistas.
"Todos los canales de la oposición comenzaron a afirmar que todas estas muertes estaban teniendo lugar [a manos de las fuerzas gubernamentales], y yo estaba teniendo un montón de dudas“, dijo. "Así que comencé a investigar las listas de las organizaciones de derechos humanos y traté de averiguar de verdad si estos recuentos de muertes eran solo de estudiantes, como informaban los medios de la oposición".
El texto completo del estudio de Hendrix, traducido al inglés por el colectivo de periodismo Tortilla con Sal, está incorporado al final de este artículo, junto con una tabla en la que se analiza en detalle cada muerte.
ONG partidistas de derechos humanos como arma para imponer un cambio de régimen
El estudio de Hendrix analiza las muertes contabilizadas por las tres principales organizaciones nicaragüenses de derechos humanos. estas son el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya participación fue solicitada por el gobierno de Nicaragua el 13 de mayo; y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Estas son las organizaciones en las que se basan el Congreso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones internacionales de ’poder blando’ (Soft Power) como Human Rights Watch para su comprensión de la violencia que se ha apoderado de Nicaragua.
Mientras estuve en Nicaragua, aprendí cómo miembros de CENIDH y ANPDH participaban activamente en la campaña para derrocar al gobierno sandinista. Por ejemplo, tres estudiantes de la universidad pública UNAN me dijeron por separado que el asesor jurídico del CENIDH, Gonzalo Carrión, estaba junto con estudiantes y militantes de la oposición cuando tomaron el campus y que Carrion era incluso un testigo de su violencia.
Ramón Avellan, el comisionado de policía de Masaya, me contó cómo el personal de la ANPDH apareció repetidamente en su estación de policía junto con activistas de la oposición para suplicarle que se rindiera. Eso habría tenido como consecuencia la toma total de la ciudad por parte de la oposición armada, que según Avellan, incluía una fuerte representación de las organizaciones criminales (cárteles) locales.
ANPDH fue fundada en Miami, la verdadera base de la oposición derechista de Nicaragua, y fue financiada en los años 80 por el National Endowment for Democracy (NED) del gobierno de los Estados Unidos para presentar a los Contras como víctimas de la brutalidad comunista. Hoy, el grupo sigue siendo un arma política a disposición para ser usada contra el movimiento sandinista.
Cómo las ONG antisandinistas de "derechos humanos" y Washington manipularon los dos
Hendrix descubrió que los tres principales grupos que se autocalifican de derechos humanos en Nicaragua habían eliminado los contextos de las muertes que contabilizaban para mezclar todas las muertes no naturales que ocurrieron en todo el país entre el 19 de abril y el 25 de junio con muertes a manos de las fuerzas pro-gubernamentales nicaragüenses.
Descubrió que se incluyeron siete categorías de muertes en los informes de derechos humanos. excepto una, todas las categorías no tenían nada que ver con la violencia gubernamental.
Las categorías eran las siguientes:
- Nombres duplicados
- Muertes no relacionadas con las protestas
- Gente asesinada por la oposición
- Activistas de la oposición, incluidos aquellos involucrados en las violentas trancas (bloqueos)
- Espectadores inocentes
- Nombres sin datos significativos para determinar la causa de la muerte
- Muertes omitidas de cada lista
Según Hendrix, los informes de CENIDH, CIDH y ANPDH se rellenaron con
muertos "víctimas de accidentes de tráfico, altercados entre pandillas, asesinatos por robo, asesinatos accidentales de armas de fuego y, lo que es más absurdo, suicidios".
El estudio de CIDH incluye nueve nombres duplicados, mientras que las tres organizaciones engordaron sus informes con 97 muertes que no estaban relacionadas con las protestas. Las causas de 77 muertes registradas en los tres informes permanecen desconocidas.
Mientras que la oposición nicaragüense ha gritado sobre las masacres de estudiantes calificándolas de genocidio, Hendrix encontró en su propia investigación que de las aproximadamente 60 muertes entre elementos anti-sandinistas a manos de fuerzas alineadas con el gobierno, solo 16 o 17 de los fallecidos eran verdaderos estudiantes.
Lo más sorprendente es que la investigación forense de Hendrix demostró que la oposición mató al menos tantos partidarios de los sandinistas y oficiales de policía como miembros de la oposición habían fallecido a manos del gobierno. Este hecho cuestiona de manera directa el discurso basado en los Estados Unidos de un dictador que acribilla a manifestantes pacíficos.
Sería fácil para cualquiera que esté familiarizado con la situación que tuvo lugar sobre el terreno en los últimos tres meses ver por qué hubo tantos muertos enter los partidarios del gobierno sandinista.
A fines de abril, Ortega ordenó a sus fuerzas policiales permanecer en sus estaciones como condición para iniciar el diálogo nacional con la oposición. La orden significó que durante aproximadamente 55 días, los partidarios del gobierno sandinista se vieron obligados a defenderse de una cruzada nacional letal de venganza sangrienta. Innumerables ciudadanos fueron golpeados o confrontados con la destrucción de sus propiedades a manos de la oposición, únicamente porque pertenecían al Frente Sandinista.
Entre los asesinatos de sandinistas detallados en el informe de Hendrix se encuentra un bebé de 25 meses, hijo de Gabriella María Aguirre, quien falleció de broncoaspiración el 13 de junio en Masatepe cuando un bloqueo (tranca) de la oposición impidió seguir su camino a la ambulancia que la trasladaba.
Mientras tanto, en ciudades como Masaya y Jinotepe, la policía se encontró bajo un verdadero asedio, aislada durante semanas de suministros regulares de alimentos y medicinas, mientras luchaba con los militantes de la oposición que los rodeaban.
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Milicianos de la oposición armada manteniendo cercada la estación de policía de Sébaco, atacándola con granadas y rifles.
Las muertes de aquellos que estaban dentro de las filas de la oposición cuando fueron asesinados por accidente o como resultado de la violencia fratricida también han sido sacados de contexto en estos informes, y por lo tanto no son reconocidos por Washington ni por los cuerpos legales internacionales. Entre ellos, el periodista guatemalteco Eduardo Spiegler, que fue aplastado por la decoración callejera del "árbol de la vida" derribada por los manifestantes de la oposición mientras informaba sobre su orgía de vandalismo.
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Manifestantes de la oposición derriban el "árbol de la vida" sobre Eduardo Spiegler, un periodista hondureño que cubría sus actos vandálicos, y luego bailan para celebrarlo.
Desde las ONG anti-sandinistas hasta los organismos internacionales, sin pasar entre medias por ningún escrutinio
El gobierno nicaragüense ha creado su propia comisión compuesta por expertos independientes para investigar las muertes ocurridas desde abril. Según Hendrix, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha negado a aceptar datos de la investigación oficial nicaragüense, confiando en cambio en la ANDPH.
Esto significa que el principal organismo internacional responsable de sacar conclusiones sobre la violencia en Nicaragua se ha basado en gran medida en una ONG partidista que tiene una tendencia decididamente antisandinista y no ha hecho ningún trabajo independiente.
Mientras tanto, en Washington, los miembros del Congreso como Ros-Lehtinen no solo han confiado en la narrativa manipulada de la oposición, sino que han exagerado el número de muertos para dar fuerza a los argumentos a favor de un ataque más profundo contra la economía nicaragüense.
Hendrix recalcó que, debido a que las ONG locales de derechos humanos como ANDPH dependen tanto de los medios de comunicación altamente partidistas de la oposición para contabilizar el número de muertos, "es imposible verificar en muchos casos si están diciendo la verdad".
Se preguntó si "podríamos estar viendo una manipulación aún mayor de lo que conocemos“.