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Salvo en situaciones de peligro inminente del sistema de dominación, momento en que todas las reglas de juego quedan en suspenso y sólo la violencia de clase decide –una especie de tolerancia cero generalizada–, las instituciones han procurado integrar los movimientos de protesta antes que reprimirlos, delimitando un espacio por el que moverse y tendiéndole puentes para comunicarse.

En condiciones normales de dominio capitalista, la oposición y la protesta han tenido su estatuto legal y sus medios de presión y negociación, siendo las organizaciones catalogadas como representativas no sólo una parte importante del mecanismo de control social, sino el complemento necesario gracias al cual el interés particular de la dominación puede presentarse ante la sociedad como interés universal. Sin embargo, el capitalismo no se queda mucho tiempo en la misma posición, y a medida que prosigue su avance, penetrando por todos los resquicios de la vida y acaparando todo el territorio donde esta languidece, subvierte los cauces sociopolíticos que él mismo había establecido en la etapa precedente, obligándoles a perecer o adaptarse.

Así, los mecanismos de integración y control tradicionales –los partidos, sindicatos y asociaciones, y con ellos, los parlamentos, los convenios y las mesas–, modernizados durante los años setenta, dejaron de funcionar en la década posterior. Desde entonces no representan más que una protesta ficticia, poco creíble, falsa, espectacular. En la medida en que los intereses generales afloran, lo hacen al margen de las instituciones, al modo salvaje, puramente negativo, incontrolado.

Los motivos del colapso de la oposición institucionalizada no son difíciles de adivinar: por una parte la descomposición de la base social que la sostenía, las clases medias y trabajadoras; por el otro, el descrédito que se desprende de su propia inoperancia, fruto de la profesionalización y la corrupción. Los patéticos intentos por reavivarla, bien a través de las los autodenominados movimientos sociales, bien mediante las plataformas cívicas, es decir, por medio del juvenilismo y del ciudadanismo, no conducen a nada, pues por estar dentro del sistema sus intereses se corresponden con los de la dominación. Su momento histórico ha caducado, se le ha pasado el arroz. Para la protesta verdadera la oposición institucionalizada es el problema, el enemigo, la amenaza.

Existe aún una razón mayor de rechazo todavía no expuesta, y esta se deduce de la incompatibilidad absoluta del capitalismo en su fase actual y las formas burguesas democráticas, por la imposibilidad de formularse en ellas un interés de clase supuestamente general que difiera de los intereses privados de las grandes empresas y los bancos. Por eso la protesta salvaje no se erige en defensa de intereses verdaderamente generales, sino como rechazo frontal del interés privado representado en las instituciones. Eso es bien visible en los conflictos territoriales y en las luchas antidesarrollistas. La protesta nace en nombre de intereses particulares lesionados, pero si consigue llegar al debate público, si logra edificar contrainstituciones que lo hagan posible, entonces dicho interés podrá reformularse como interés general, al margen y en contra de los mecanismos de integración y control institucional.

La sociedad capitalista ha sido siempre una sociedad disciplinaria y ese aspecto no ha cambiado con la mundialización y el nuevo ciclo verde. Pero ya no se trata de disciplinar al individuo como productor, padre de familia (es decir, como reproductor), creyente, patriota o habitante. Por eso los clásicos lugares de encierro y domesticación, la familia, la escuela, el ejército, la iglesia y la fábrica, entran en crisis. La quiebra de los mecanismos de integración y control político es parte de esa crisis, pues tampoco es cuestión del individuo como militante o votante. En el nuevo capitalismo el individuo ha de ser adiestrado solamente como consumidor y como turista, para lo cual no tiene que pasar de un lugar de encierro a otro, de su casa al trabajo o la escuela, del trabajo al sindicato, etc. Toda la sociedad, gracias a la urbanización total del territorio, se convierte en un gigantesco lugar de confinamiento, sin más reglas que las del consumo y las del espectáculo. Eso implica otras exigencias: un nuevo reparto del espacio, nuevo ordenamiento del tiempo, y por lo tanto, nuevos mecanismos de control social, nuevos métodos de integración. El control ha de enfrentarse al relajamiento de las barreras antaño bien específicas. En las empresas se hablará de Responsabilidad Social Corporativa –abreviando, RSC–; en los consistorios de las grandes urbes, de dispersión de los guetos de inmigrantes; en la administración y gestión del territorio, de democracia participativa, gobernanza interactiva o participación transversal. Las tres forman parte de la misma realidad que los códigos penales “de la democracia”, las recientes ordenanzas municipales, la videovigilancia, el sistema FIES, los campos de internamiento de indocumentados, los centros comerciales, la ingeniería genética y la autodenominada “economía sostenible”. Pues las mencionadas RSC, impedimento de suburbios étnicos y “democracia participativa”, no discurren en un ambiente democrático burgués tradicional, sino que están inmersas en un estado de excepción difuso, disimulado y sancionado por leyes.

La Responsabilidad Social Corporativa es una filosofía patronal que recuerda al fordismo y a la cogestión alemana de posguerra, aunque sin la voluntad hegemónica de aquellos. Nació como reacción de un sector del empresariado a la ola de escándalos tipo Enron y a la actual crisis financiera e inmobiliaria. Dicha crisis ha modificado el modelo económico desarrollista, al trasladar al Estado y a las industrias de alta tecnología, la función que desempeñaba la especulación monetaria o bursátil, el endeudamiento y la urbanización, consolidando la división de la masa laboral en dos mitades completamente ajenas una de la otra. Por una parte, los trabajadores “privilegiados”, o sea, con empleo fijo, convenios regulares e hipotecas pagaderas; por la otra, los trabajadores precarios, con contratos basura o cobrando en negro, atrapados por las deudas, en su mayoría inmigrantes o jóvenes acabados de incorporar al mercado. Unos están ligados a los sectores económicos emergentes, a bastiones de la burocracia sindical, o al Estado (funcionarios); otros, al sector duro de la economía: el turismo, la construcción, el comercio, la distribución, la limpieza o el cuidado de ancianos. Para éstos sirven la política del palo, los horarios infames, el sueldo mínimo, el permiso de residencia y la amenaza de exclusión. Para los otros, la estabilidad, la promoción, la formación continua, el reparto de beneficios, la ecología de empresa, la conciliación familiar y los siquiatras. Unos son controlados por asistentes sociales, educadores del suburbio y policías; los otros, mediante los burócratas sindicales, la sicofarmacopea y la RSC. La RSC, ni que decir tiene, cuenta con el mayor beneplácito de los sindicatos y los ministerios, que son quienes realmente la promocionan. No constituye más que un factor de división añadido en el mundo del trabajo, desempolvar una vieja máxima patronal contra la lucha de clases: “un trabajador satisfecho con la empresa es un defensor acérrimo de la empresa”. Ahora aparece como subproducto del desarrollismo “sostenible”, sin más objetivo que el de impedir la emergencia de un movimiento autónomo al calor de una coyuntura laboral conflictiva.

La crisis financiero-inmobiliaria es una crisis interna, estructural, que ha inducido cambios macroeconómicos en el modelo capitalista, pero dichos cambios no cuestionan los límites externos de dicho modelo, aquellos a los que el desarrollismo (el crecimiento) obliga a retroceder, con la secuela inacabable de catástrofes ecológicas y sociales. La verdadera crisis es la que se deduce de la incompatibilidad radical entre el capitalismo y la vida en la tierra. Todo avance del sistema implica no solamente una artificialización mayor de la vida, una anomia social y un desarraigo material y moral completo, sino la creación de unas condiciones cada vez más extremas de supervivencia, que extienden por doquier la posibilidad de conflictos. La cuestión social moderna no es capaz de surgir en las crisis internas sino como espectáculo, puesto que dentro del sistema los mecanismos de integración todavía funcionan. Un ejemplo clarísimo han sido los movimientos alterglobalizadores, venidos muy a propósito para reestablecer la legitimidad de la política. La cuestión social emerge en los límites transgredidos por el crecimiento capitalista y no como pura negación, al modo de los guetos franceses o ingleses, sino como defensa de otra forma de vida, de una vida fuera del capitalismo. La cuestión social aflora, aun contra el deseo de sus protagonistas, en la defensa del mundo rural, en la lucha contra las centrales nucleares y los trasvases, en la resistencia a la urbanización, en el sabotaje de la agricultura transgénica, en el combate contra la construcción de grandes infraestructuras, desde el Tren de Alta Velocidad a las Líneas de Muy Alta Tensión, pasando por los cinturones, los aeropuertos y las autopistas.

Los dirigentes son conscientes de que el conflicto principal latente no lo representan las movidas estudiantiles contra el plan Bolonia o los intentos por importar la revuelta griega, sino la “cultura del no” de la defensa del territorio. Sólo en dichos conflictos han hecho aparición formas incipientes democracia directa (p. e. la Asamblea Anti TAV y en mucha menor medida la Plataforma en defensa del Ebro) y han sido presentados modelos alternativos al desarrollismo no capitalistas. Los dirigentes más ligados al capitalismo verde y al Estado creen que en la nueva fase desarrollista, mucho más destructiva que las anteriores por más que proclame su respeto al medio ambiente, el conflicto no podrá ser impedido, por lo que ha de reconocerse y reconducirse. En segundo lugar, la colaboración de la población en todo el proceso de reconversión verde es más necesaria que en fases anteriores, dado que ha de disciplinarse según pautas ecológicas de consumo y ahorro en aparente contradicción con el despilfarro precedente. Llega pues la hora de la “democracia participativa”, de la búsqueda de interlocutores auxiliares para los conflictos entre la sociedad civil y los intereses empresariales aliados con la administración. Dado que las formas de integración tradicionales no pueden ser útiles directamente, son necesarios organismos intermediarios de transacción capaces de sostener y defender acuerdos puntuales a cambio de tolerar las agresiones al territorio. Los consistorios de los pueblos, las asociaciones vecinales y las plataformas cívicas son ese eslabón perdido de la seudodemocracia posburguesa, al que se le asigna el trabajo de desactivación de la protesta salvaje y sus modales anticapitalistas. La llamada democracia participativa no es en realidad ninguna democracia. No se establece para defender un interés general a partir de una agresión concreta, sino para negociar intereses particulares enfrentados, los de los grupos de afectados y las corporaciones económico-administrativas. No emana de las luchas antidesarrollistas, sino de las disposiciones contra ellas. No interviene para impedir la destrucción del territorio, sino para elevar el precio de dicha destrucción, incorporándole los costes sociales tal como los valora el mercado. La democracia participativa solamente fija unos nuevos límites institucionales, más allá de los cuales entra en juego la fuerza pública. Así pues, desempeña el poco honroso papel de obstaculizar el resurgimiento de la democracia real, de la autogestión territorial, que no tienen otra base que la apropiación del territorio por sus habitantes, su rescate del mercado.

En resumen, toda lucha que no cuestione el modelo de sociedad capitalista está condenada a reforzarlo. Nadie puede ignorar que los intereses económicos dominantes son radicalmente contrarios a los de los habitantes. Y asimismo nadie puede ignorar que el sistema político en el que transcurren los conflictos no es democrático burgués, sino totalitario. Por lo tanto, las formas de representatividad institucional están al servicio directo del capitalismo y son incompatibles con la democracia horizontal de las asambleas, la única verdadera para los oprimidos. Las luchas en defensa del territorio que no tengan en cuenta eso no son luchas reales, sino simulacros, y sus agentes trabajan para el enemigo.