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Corrigiendo las noticias ¿Qué está pasando realmente en Nicaragua?, por Kevins Zeese y Nils McCune

Publicado en Counterpunch, 13 de julio de 2018; traducción AyR.

Hay una gran cantidad de información falsa e inexacta sobre Nicaragua en los medios de comunicación. Incluso en la izquierda, algunos simplemente han repetido las sospechosas afirmaciones de la CNN y los medios oligárquicos de Nicaragua para apoyar el derrocamiento del presidente Ortega.

Este artículo busca corregir esos informes, describir lo que está pasando en Nicaragua y por qué. Mientras escribimos esto, el golpe parece estar fallando, la gente se ha unido por la paz (como lo demostró esta marcha masiva por la paz celebrada el sábado 7 de julio) y la verdad está saliendo a la luz. Es importante entender lo que está ocurriendo porque Nicaragua es un ejemplo de los tipos de golpes de estado violentos que Estados Unidos y los ricos utiliza para llevar al poder a gobiernos neoliberales dominados por los negocios. Si las personas entienden como funcionan estas tácticas, serán menos efectivas.

Mezclar los Intereses de clase

En parte, los expertos estadounidenses están obteniendo su información de medios de comunicación como La Prensa, de Jaime Chamorro-Cardinal, y el Confidencial de la misma familia oligárquica, que son los elementos más activos de los medios golpistas. Repetir y amplificar su narrativa deslegitima al gobierno sandinista y presenta la rendición incondicional de Daniel Ortega como la única opción aceptable. Estos expertos protegen a los infames grupos de interés internos y externos que se han propuesto controlar el país más pobre y, a la vez, más rico en recursos naturales de Centroamérica.

El intento de golpe sacó a la luz las divisiones de clase en Nicaragua. Piero Coen, el hombre más rico de Nicaragua, dueño de todas las operaciones nacionales de Western Union y una empresa agroquímica, fue personalmente el primer día de protestas a la Universidad Politécnica de Managua para alentar a los estudiantes a seguir protestando, prometiendo su apoyo continuo.
La oligarquía terrateniente tradicional de Nicaragua, liderada políticamente por la familia Chamorro, publica ultimátums constantes al gobierno a través de sus medios de comunicación y financia los bloqueos que han paralizado al país durante las últimas ocho semanas.

La Iglesia Católica, aliada por mucho tiempo a los oligarcas, ha puesto todo su empeño en poner en marcha y sostener acciones antigubernamentales, incluyendo sus universidades, escuelas secundarias, iglesias, cuentas bancarias, vehículos, tweets, sermones dominicales y un esfuerzo unilateral para mediar en el Diálogo Nacional. Los obispos han amenazado de muerte al presidente y su familia, y se ha filmado a un sacerdote que supervisaba la tortura de sandinistas. El Papa Francisco ha hecho una llamada al diálogo de paz e incluso llamó al cardenal Leonaldo Brenes y al obispo Rolando Álvarez a una reunión privada en el Vaticano, lo que desencadenó rumores de que los monseñores nicaragüenses estaban siendo regañados por su evidente participación en el conflicto en el que oficialmente están mediando. La iglesia sigue siendo uno de los pocos pilares que mantienen vivo el golpe.

Una afirmación típica es que Ortega se ha alineado con la oligarquía tradicional, pero la verdad es justo lo contrario. Este es el primer gobierno desde la independencia nicaragüense que no incluye a la oligarquía. Desde la década de 1830 hasta la década de 1990, todos los gobiernos nicaragüenses, incluso durante la Revolución Sandinista, incluyeron personas con “apellidos” de la élite, de Chamorro, Cardenal, Belli, Pellas, Lacayo, Montealegre, Gurdián. Desde 2007 el gobierno no lo hace, por lo que estas familias apoyan el golpe.

Los que están en contra de Ortega afirman que su diálogo a tres bandas, incluyendo a los sindicatos, los capitalistas y el Estado es una alianza con las grandes empresas. De hecho, ese proceso ha producido la mayor tasa de crecimiento en América Central y el salario mínimo aumenta anualmente un 5-7% más que la inflación, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y sacando a las personas de la pobreza. Los informes del proyecto Borgen contra la pobreza dicen que la pobreza cayó en un 30 por ciento entre 2005 y 2014.

La economía de Ortega es lo opuesto al neoliberalismo, se basa en la inversión pública y en el fortalecimiento de la red de seguridad para los pobres. El gobierno invierte en infraestructura, transporte, mantener el agua y la electricidad en el sector público y ha nacionalizado servicios privatizados, como por ejemplo la sanidad y la educación primaria. Esto ha asegurado una estructura económica estable que favorece a la economía real frente a la economía especulativa.

Lo que los comentaristas liberales e incluso izquierdistas pasan por alto es que, a diferencia del gobierno de Lula en Brasil, que redujo la pobreza mediante pagos en efectivo a familias pobres, Nicaragua ha redistribuido el capital productivo para desarrollar una economía popular autosuficiente. El modelo del FSLN se puede entender mejor como un énfasis en la economía popular sobre el Estado o las esferas capitalistas.

Si bien el sector privado emplea alrededor del 15% de los trabajadores nicaragüenses, el sector informal emplea a más del 60%. El sector informal se ha beneficiado de 400 millones dólares en inversiones públicas, muchas de las cuales provienen de los fondos de la alianza ALBA para financiar con microcréditos pequeñas y medianas empresas agrícolas. Las políticas para facilitar el crédito, el equipo, el entrenamiento, los animales, las semillas y el combustible subsidiado respaldan aún más a estas empresas. Los pequeños y medianos productores de Nicaragua han llevado al país a producir el 80-90% de sus alimentos y acabar con su dependencia de los préstamos del FMI.

Como tales, los trabajadores y campesinos, muchos de los cuales trabajan por cuenta propia y accedieron al capital productivo a través de la Revolución Sandinista y las luchas subsiguientes, representan un tema político importante del desarrollo social estable de posguerra de la última década, incluidos los cientos de miles de campesinos que han recibido el título de propiedad de la tierra y casi la cuarta parte del territorio nacional que ha sido calificado en colectivo como territorio de naciones indígenas. Los movimientos sociales de los trabajadores, los campesinos y los grupos indígenas fueron la base del apoyo popular que llevó al FSLN de nuevo al poder.

La titulación de tierras y la asistencia a pequeñas empresas también han favorecido la igualdad para las mujeres, lo que ha tenido como resultado que Nicaragua tiene el nivel más bajo de desigualdad de género de América Latina y ocupa el lugar 12 entre 145 países en el mundo, justo detrás de Alemania.

Con el tiempo, el gobierno del FSLN ha incluido este enorme sector de autoempleo, así como los trabajadores de maquiladoras (es decir, trabajadores textiles en plantas de propiedad extranjera ubicadas en zonas de libre comercio creadas por gobiernos neoliberales anteriores) en el sistema de salud y pensiones, dando lugar a los compromisos financieros para el crecimiento que requerían una nueva fórmula para garantizar la estabilidad fiscal. Las reformas propuestas a la Seguridad Social fueron el desencadenante de las protestas estudiantiles y del sector privado el 18 de abril . El lobby empresarial llamó a protestar cuando Ortega propuso aumentar las contribuciones a los fondos de pensiones y salud del empresariado en un 3,5%, mientras que solo aumentó ligeramente las contribuciones de los trabajadores en un 0,75% y movió el 5% de la transferencia de efectivo de los pensionistas a su fondo de asistencia médica. La reforma también puso fin a una laguna jurídica que permitía a las personas de altos ingresos afirmar que tienen unos ingresos bajos para acceder a los beneficios del sistema de salud.

Esta fue una contrapropuesta a la propuesta del FMI de elevar la edad de jubilación y más del doble del número de semanas que los trabajadores tendrían que pagar al fondo de pensiones para poder acceder a los beneficios. El hecho de que el gobierno se sintiera lo suficientemente fuerte como para negar las exigencias de austeridad del lobby empresarial y del FMI era una señal de que la fuerza de negociación del capital privado había disminuido, ya que el impresionante crecimiento económico de Nicaragua, un aumento del 38% en el PIB 2006-2017, ha sido liderado por pequeños productores y el gasto público. Sin embargo, la oposición utilizó anuncios manipuladores de Facebook que presentaban la reforma como una medida de austeridad, además de falsas noticias sobre la muerte de un estudiante el 18 de abril , para poner en marcha protestas en todo el país el 19 de abril . Inmediatamente, la maquinaria del ‘regime change’ se puso en marcha.

El Diálogo Nacional muestra los intereses de clase enfrentadoa. La Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia de la oposición tiene como figuras clave a José Adan Aguirre, líder del lobby empresarial privado; Maria Nelly Tellez, directora de Cargill (una multinacional estadounidense) en Nicaragua y jefa de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Nicaragua; los estudiantes de universidades privadas del Movimiento 19 de abril; Michael Healy, gerente de una corporación azucarera colombiana y jefe del lobby de las empresas agrarias; Juan Sebastián Chamorro, que representa a la oligarquía vestida de civil; Carlos Tunnermann, ex ministro sandinista de 85 años y ex canciller de la Universidad Nacional; Azalea Solís, directora de una organización feminista financiada por el gobierno de EEUU; y Medardo Mairena, un "líder campesino" financiado por el gobierno de los Estados Unidos, que vivió 17 años en Costa Rica antes de ser deportado en 2017 por trata de personas. Tunnermann, Solís y los estudiantes del 19 de abril están todos asociados con el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), un pequeño partido sandinista que merece una atención especial.

En la década de 1980, muchos de los cuadros de alto nivel del Frente Sandinista eran en realidad hijos de algunas de las familias oligárquicas famosas, como los hermanos Cardenal y parte de la familia Chamorro, a cargo de los ministerios de Cultura y Educación del gobierno revolucionario y su medios de comunicación, respectivamente. Después de la derrota electoral del FSLN en 1990, los hijos de la oligarquía abandonaron el partido. Junto con ellos, algunos de los cuadros intelectuales, militares y de los servicios de inteligencia más destacados también se fueron y formaron, con el tiempo, el MRS. El nuevo partido renunció al socialismo, culpó a Daniel Ortega de todos los errores de la revolución y con el tiempo tomó el control del sector de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Nicaragua, incluidas las organizaciones feministas, ecologistas, juveniles, de los medios de comunicación y de derechos humanos.

Desde 2007, el MRS ha tenido relaciones cada vez más estrechas con el ala de extrema derecha del Partido Republicano de EEUU. Desde el estallido de la violencia en abril, muchas, si no la mayoría de las fuentes citadas por los medios occidentales (incluida, inquietantemente, Democracy Now de Amy Goodman), provienen de este partido, que cuenta con el apoyo de menos del 2% del electorado nicaragüense. Esto les permite a los oligarcas camuflar su intento violento de reinstalar el neoliberalismo con el discurso izquierdista de ex sandinistas críticos con el gobierno de Ortega.

Es una farsa afirmar que los trabajadores y los campesinos apoyan los disturbios. La Vía Campesina, el Sindicato Nacional de Agricultores y Ganaderos, la Asociación de Trabajadores del Campo, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la Nación indígena Mayangna y otros movimientos y organizaciones han sido inequívocos en sus llamamientos a poner fin a la violencia y en su apoyo a la Gobierno de Ortega. Estos disturbios son una operación de cambio de régimen a gran escala llevada a cabo por oligarcas mediáticos, una red de ONGs financiadas por el gobierno de los EEUU, Elementos armados de familias de terratenientes de las élites y la Iglesia Católica, y ha abierto la puerta a los cárteles de la droga y al crimen organizado para establecer un punto de apoyo en Nicaragua.

El elefante en el cuarto

Esto nos lleva a la participación del gobierno de Estados Unidos en el golpe violento.
Como informó Tom Ricker al principio de esta crisis política, hace varios años el gobierno de EEUU decidió que, en lugar de financiar a los partidos políticos de oposición, que han sufrido una enorme perdida de legitimidad en Nicaragua, financiaría el sector de la sociedad civil de las ONGs. La National Endowment for Democracy (NED) pagó más de 700,000 dólares para construir la oposición al gobierno en 2017, y ha dado más de 4.4 millones de dólares desde 2014. El objetivo principal de esta financiación era "proporcionar una estrategia coordinada y una voz mediatica a los grupos de oposición en Nicaragua". Ricker continúa:

"El resultado de esta construcción y financiamiento de los recursos de la oposición ha sido crear una cámara de resonancia que sea amplificada por comentaristas en los medios internacionales, la mayoría de los cuales no tienen presencia en Nicaragua y dependen de estas fuentes secundarias".

El padre fundador de NED, Allen Weinstein, describió la NED como una CIA pública, afirmando: "Mucho de lo que hacemos hoy lo hacía de forma encubierta la CIA hace 25 años". En Nicaragua, en lugar de la derecha tradicional, la NED financia a las organizaciones cercanas al MRS que plantean críticas izquierdistas al gobierno sandinista. Los activistas del cambio de régimen usan eslóganes, canciones y símbolos sandinistas incluso cuando queman monumentos históricos, pintan sobre las banderas rojas y negras de los mártires caídos y atacan físicamente a miembros del partido sandinista.

De los grupos opositores en el Diálogo Nacional, la organización feminista de Azalea Solís y la organización campesina de Medardo Mairena se financian mediante becas de la NED, mientras que los estudiantes del 19 de abril permanecen en hoteles y realizan viajes pagados por Freedom House, otro instrumento de cambio de régimen financiado por la NED y USAID. La NED también financia Confidencial, la organización mediatica de Chamorro. Las subvenciones de la NED financian el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), cuyo Director Ejecutivo, Félix Maradiaga, es otro cuadro de MRS muy cercano a la Embajada de los Estados Unidos. En junio, Maradiaga fue acusado de dirigir una red criminal llamada Viper que, desde el campus ocupado de UPOLI, organizó robos de automóviles, incendios y asesinatos para crear caos y pánico durante los meses de abril y mayo.

Maradiaga creció en los Estados Unidos y se convirtió en miembro del Aspen Leadership Institute, antes de estudiar política pública en Harvard. Fue secretario en el Ministerio de Defensa del último presidente liberal, Enrique Bolaños. Es un Joven Líder Global (Young Global Leader) en el Foro Económico Mundial y en 2015 el Chicago Council on Global Affairs (Consejo de Asuntos Globales de Chicago) le otorgó la Beca Gus Hart, entre cuyos receptores se incluyen los disidentes cubanos Yoani Sánchez y Henrique Capriles Radonski, el líder de la oposición venezolana que atacó la embajada cubana durante el intento de golpe de 2002.

Es destacable que Maradiaga no sea el único líder del intento de golpe que es parte de la
Red Mundial de Liderazgo Aspen (Aspen World Leadership Network). Maria Nelly Rivas, directora en Nicaragua del gigante empresarial estadounidense Cargill, es una de las principales portavoces de la Alianza Cívica de la oposición. Rivas, quien actualmente también dirige la Cámara de Comercio de Estados Unidos-Nicaragua, está siendo preparado como un posible candidato presidencial para las próximas elecciones. Bajo estos líderes preparados por los Estados Unidos hay una red de más de 2.000 jóvenes que han recibido entrenamiento financiado con fondos de la NED sobre temas como desarrollar capacidades en el uso de las redes sociales para la defensa de la democracia. Este batallón de guerreros de las redes sociales pudo dar forma y controlar inmediatamente a la opinión pública en Facebook en los cinco días del 18 al 22 de abril, lo que provocó protestas violentas espontáneas en todo el país.

Sobre la violencia

Una de las formas en que los informes sobre Nicaragua se han atrevido a alejarse de la verdad ha sido calificar de "no violenta" a la oposición. El guión de violencia, inspirado en las protestas de la guarimba de 2014 y 2017 en Venezuela, consiste en organizar ataques armados contra edificios gubernamentales, tentar a la policía para enviar escuadrones antidisturbios, participar en enfrentamientos filmados y publicar videos editados en internet alegando que el gobierno está siendo violento contra los manifestantes no violentos.

Más de 60 edificios gubernamentales han sido quemados, escuelas, hospitales, centros de salud han sido atacados, 55 ambulancias han sido dañadas, se han producido al menos 112 millones de dólares en daños a la infraestructura, pequeñas empresas tenido que cerrar y 200,000 empleos se han perdido causando un impacto económico devastador durante las protestas. La violencia ha incluido, además de miles de lesiones, 15 estudiantes y 16 policías muertos, así como más de 200 sandinistas secuestrados, muchos de ellos torturados públicamente. Las violentas atrocidades de la oposición se han presentado engañosamente como represión gubernamental. Si bien es importante defender el derecho del público a protestar, independientemente de las opiniones políticas, es una falsedad ignorar que la estrategia de la oposición requiere y se alimenta de la violencia y las muertes.

Las noticias nacionales e internacionales denuncian muertes y lesiones debido a la "represión", sin explicar el contexto. Los medios de comunicación ignoran los cócteles molotov, los lanzadores de mortero, las pistolas y los rifles de asalto utilizados por los grupos de oposición, y cuando los simpatizantes sandinistas, la policía o los transeúntes son asesinados, cuentan falsamente como víctimas de la represión estatal. Las afirmaciones explosivas de la oposición, como masacres de niños y asesinatos de mujeres, se han demostrado como falsas, y los casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales no se han corroborado con pruebas o un debido proceso.

Si bien hay evidencias para sostener las afirmaciones de la oposición sobre disparos de francotiradores asesinando manifestantes, no hay una explicación lógica para que el Estado use francotiradores para aumentar el número de muertos, y los contra manifestantes también han sido víctimas de disparos de francotiradores, lo que sugiere un "tercer partido" provocador en la violencia desestabilizadora. Cuando una familia sandinista al completo fue quemada viva en Managua, los medios de la oposición citaron a un testigo que afirmó que la policía había prendido fuego a la casa, a pesar de que la casa se encontraba en un vecindario cerrado al acceso policial.

La Policía Nacional de Nicaragua ha sido reconocida desde hace mucho tiempo por su modelo de policía comunitaria (en contraste con la policía militarizada en la mayoría de los países centroamericanos), su relativa falta de corrupción y que la mayoría de sus altos mandos son femeninos. La estrategia golpista ha buscado destruir la confianza pública en la policía a través del uso escandaloso de fake news (noticias falsas), como las muchas afirmaciones falsas de asesinatos, golpizas, torturas y desapariciones en la semana del 17 al 23 de abril. Varios jóvenes cuyas fotos fueron llevadas a manifestaciones de la oposición como víctimas de la violencia policial han resultado estar vivos y bien.

La policía ha sido totalmente inadecuada y no estaba preparada para los enfrentamientos armados. Los ataques a varios edificios públicos en la misma noche y los primeros grandes ataques incendiarios llevaron a los trabajadores del gobierno a vigilar con barriles de agua y, a menudo, palos y piedras, para defenderse de los atacantes. La oposición, frustrada por no lograr más conflictos policiales, comenzó a construir barricadas por todo el país y quemar casas de los sandinistas, incluso disparando y quemando a las familias sandinistas en atroces crímenes de odio. En contraste con la versión de los hechos de La Prensa (El periódico de la familia oligárquica de los Chamorro, que fue fiannciada por EEUU tras la revolución sandinista, AyR), los nicaragüenses han sentido la clara falta de presencia policial y la pérdida de seguridad en sus barrios, mientras que muchos fueron blanco de la violencia.

Desde mayo, la estrategia de la oposición ha sido construir barricadas armadas en todo el país, cortando las comunicaciones y atrapando a las personas. Las barricadas, generalmente construidas con grandes adoquines, están controladas por entre 5 y 100 hombres armados con pañuelos o máscaras. Mientras que los medios hablan de jóvenes idealistas que construyen barricadas, la gran mayoría de los controles de carretera son llevados a cabo y mantenidas por hombres pagados que provienen del sector de la pequeña delincuencia. Cuando grandes áreas de ciudades y pueblos están bloqueadas para las fuerzas gubernamentales y policiales, las actividades relacionadas con el tráfico de drogas se intensifican, y bandas de narcotraficantes controlan ahora muchas de las barricadas y pagan los salarios.

Estos bloqueos han sido los centros de la violencia, trabajadores que necesitan atravesar los controles son a menudo robados, golpeados, insultados y, si se sospecha que son sandinistas, atados, desnudados, torturados, pintados en azul y blanco, y algunas veces asesinados. Hay tres casos de personas que murieron en ambulancias que no pudieron atravesar los controles de carretera, y un caso de una niña de 10 años secuestrada y violada en el retén de Las Maderas. Cuando los vecinos organizados o la policía despejan los controles de carretera, los grupos armados huyen y se reagrupan para quemar edificios, secuestrar o herir a personas como venganza. Todas las víctimas que produce esta violencia son presentadas por los medios de comunicación como víctimas de la represión, una falsedad total.

El gobierno nicaragüense se ha enfrentado a esta situación manteniendo en gran parte a la policía fuera de las calles, para evitar enfrentamientos y acusaciones de represión. Al mismo tiempo, en lugar de simplemente arrestar manifestantes violentos, lo que sin duda le habría dado a la oposición las muertes en enfrentamientos que anhela, el gobierno pidió un Diálogo Nacional, con la Iglesia Católica como mediadora, en el que la oposición pueda presentar cualquier propuesta sobre derechos humanos y reforma política. El gobierno creó una Comisión Parlamentaria de Verdad, Justicia y Paz y lanzó una investigación independiente del Ministerio Público.

Como resultado, se desarrolló un proceso de organización de autodefensa. Las familias que han sido desplazadas, los jóvenes que han sido golpeados, robados o torturados y los veteranos de la insurrección de 1979 y / o la Guerra Contra, realizan una vigilia alrededor del cuartel general del Frente Sandinista en cada pueblo. En muchos lugares, construyeron barricadas contra los ataques de la oposición y fueron etiquetados falsamente como fuerzas paramilitares en los medios de comunicación. En las ciudades que no cuentan con barricadas organizadas por la comunidad, el costo humano de la violencia de la oposición es mucho mayor. La Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses ha sido particularmente blanco de la violencia de la oposición. En junio, un estudiante que participaba como delegado en el Diálogo Nacional, Leonel Morales, fue secuestrado, disparado en el abdomen y arrojado a una zanja para morir, para sabotear el diálogo y castigarle por cuestionar el derecho de los estudiantes del 19 de abril a hablar en nombre de todos los estudiantes nicaragüenses.

Desde abril, se han realizado cuatro manifestaciones principales de la oposición, dirigidas a movilizar a los nicaragüenses de la clase media alta que viven en los barrios entre Managua y Masaya. Estas reuniones contaron con la participación de la alta sociedad, incluyendo reinas de belleza, empresarios y oligarcas, así como estudiantes universitarios del Movimiento 19 de abril, el terreno moral de la oposición.

Tres meses después del conflicto, ninguna de las víctimas mortales ha sido burguesa. Todos han venido de las clases populares de Nicaragua. A pesar de los reclamos de represión total, la burguesía se siente perfectamente segura al participar en las protestas públicas durante el día, aunque la última manifestación diurna terminó en un ataque caótico por manifestantes contra ocupantes ilegales en una propiedad de, curiosamente, Piero Coen, el hombre más rico de Nicaragua. Los ataques armados nocturnos generalmente han sido llevados a cabo por personas que provienen de vecindarios pobres, muchos de los cuales reciben de dos a cuatro veces el salario mínimo diario por cada noche de destrucción.

Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones nicaragüenses de derechos humanos son financiadas por NED y controladas por el Movimiento para la Renovación Sandinista. Estas organizaciones han acusado al gobierno nicaragüense de dictadura y genocidio durante la presidencia de Ortega. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han sido criticadas por sus informes unilaterales, que no incluyen ninguna información proporcionada por el gobierno o personas que se identifican como sandinistas.

El gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, una entidad con sede en Washington notoriamente hostil a los gobiernos de izquierda, a investigar los sucesos violentos de abril y determinar si había existido represión y de que forma. La noche de una polémica escaramuza en la carretera a las afueras de la Universidad Agraria de Managua puso fin a una tregua negociada de 48 horas, y el director de la CIDH, Paulo Abrao, visitó el lugar para declarar su apoyo a la oposición. La CIDH ignoró la violencia generalizada de la oposición y solo informó sobre la violencia defensiva del gobierno. El informe no solo fue categóricamente rechazado por el canciller nicaragüense Denis Moncada como un "insulto a la dignidad del pueblo nicaragüense", sino que la resolución que aprueba el informe de la CIDH fue apoyada por solo diez de 34 países.

Mientras tanto, el Movimiento 19 de Abril, compuesto por estudiantes universitarios actuales o ex estudiantes a favor del cambio de régimen, envió una delegación a Washington y logró alienar a gran parte de la sociedad nicaragüense al sonreír a las cámaras con los miembros intervencionistas de extrema derecha del Congreso de Estados Unidos, incluida la representante Ileana Ros Lehtinen, el senador Marco Rubio y el senador Ted Cruz. Los líderes de M19 también aplaudieron las belicosas advertencias del Vicepresidente Mike Pence de que Nicaragua está en la lista de países que pronto sabrán el significado de la libertad de la Administración Trump, y se reunieron con el partido ARENA de El Salvador, conocido por sus vínculos con los escuadrones de la muerte que asesinaron al teólogo de la liberación, el Arzobispo Oscar Romero. Dentro de Nicaragua, la masa crítica de estudiantes dejó de manifestarse hace semanas, las grandes protestas cívicas de abril y mayo han menguado, y los mismos rostros familiares de la política de derecha nicaragüense han sido dejados para que se hagan cargo de los enormes daños materiales y la pérdida de vidas.

¿Por qué Nicaragua?

Ortega ganó su tercer mandato en 2016 con un 72,4 por ciento de los votos y un 66 por ciento de participación, porcentajes muy altos en comparación con las elecciones en los Estados Unidos. Nicaragua no solo ha establecido una economía que trata a los pobres como productores, con resultados notables que han elevado su nivel de vida en los últimos 10 años, sino que también tiene un gobierno que rechaza consistentemente el imperialismo estadounidense, aliándose con Cuba, Venezuela y Palestina, manifiesta su apoyo a la independencia de Puerto Rico y a una solución pacífica de la crisis coreana. Nicaragua es miembro de la Alianza Bolivariana de las Américas y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, una alternativa latinoamericana a la OEA, que no incluye ni a WWUU ni a Canadá. También se ha aliado con China para un proyecto de canal y a Rusia para la cooperación de seguridad. Por todas estas razones, Estados Unidos quiere instalar un gobierno nicaragüense amistoso hacia los Estados Unidos.

Más importante es el ejemplo que Nicaragua ha establecido para un modelo social y económico exitoso fuera de la esfera de dominación estadounidense. Generando más del 75% de su energía a partir de fuentes renovables, Nicaragua fue el único país con autoridad moral para oponerse al Acuerdo sobre el Climático de París por ser demasiado débil (luego se unió al tratado un día después de que Trump retirara el apoyo de EEUU, declarando que "nos oponíamos Acuerdo de París por responsabilidad, los Estados Unidos se oponen por irresponsabilidad "). El gobierno del FMLN de El Salvador, aunque menos dominante políticamente que el Frente Sandinista, ha tomado el ejemplo del buen gobierno de Nicaragua, y recientemente prohibió la minería y la privatización del agua. Incluso Honduras, el bastión eterno del poder de Estados Unidos en Centroamérica, mostró signos de un giro hacia la izquierda hasta que tuvo lugar el golpe militar respaldado por Estados Unidos en 2009. Desde entonces, ha habido una represión masiva contra los activistas sociales, un pucherazo electoraöl evidente en 2017, y Honduras ha permitido la expansión de las bases militares de EEUU cerca de la frontera nicaragüense.

En 2017, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense (Nicaraguan Investment Conditionality Act, Ley NICA), que si es aprobada por el Senado obligará al gobierno de los EEUU a vetar los préstamos de las instituciones internacionales al gobierno nicaragüense. Este imperialismo de los Estados Unidos dañará la capacidad de Nicaragua de construir carreteras, actualizar hospitales, construir plantas de energía renovable y hacer la transición de una ganadería extensiva a sistemas integrados de silvicultura, entre otras consecuencias. También puede significar el final de muchos programas sociales populares, como la electricidad subvencionada, tarifas estables para los autobuses y el tratamiento médico gratuito de enfermedades crónicas.

El Poder Ejecutivo de EEUU ha utilizado la Ley Magnitsky (Global Magnitsky Act) para atacar las finanzas de los líderes de la Corte Suprema Electoral, la Policía Nacional, el gobierno de la ciudad de Managua y la corporación ALBA en Nicaragua. Los agentes de policía y los burócratas de salud pública han recibido el aviso de que sus visas estadounidenses han sido revocadas. El punto, por supuesto, no es si estos funcionarios han cometido o no actos que merecen su reprimenda en Nicaragua, sino si el gobierno de los EE. UU. Debe tener la jurisdicción para intimidar y acorralar a funcionarios públicos de Nicaragua.

Mientras la violencia sádica continúa, la estrategia de los golpistas para derribar al gobierno ha fracasado. La resolución de la crisis política vendrá a través de elecciones, y es probable que el FSLN gane esas elecciones, salvo una nueva ofensiva dramática e improbable por parte de la oposición de derecha.

Una guerra de clases a la inversa

Es importante comprender la naturaleza de los golpes estadounidenses y oligárquicos en esta era y el papel de los medios y el engaño de las ONG porque se repite en múltiples países de América Latina y de otras partes del mundo. Podemos esperar un ataque similar contra el recientemente elegido Andrés Manuel López Obrador en México, si busca llevar a cabo los cambios que ha prometido.

Estados Unidos ha tratado de dominar Nicaragua desde mediados del siglo XIX. Los ricos en Nicaragua han buscado el retorno de un gobierno aliado a los Estados Unidos desde que los sandinistas subieron al poder. Este golpe fallido no significa el final de sus esfuerzos o el final de la desinformación de los medios corporativos. Saber lo que realmente está ocurriendo y compartir esa información es el antídoto para derrotarlos en Nicaragua y en todo el mundo.

Nicaragua es una guerra de clases a la inversa. El gobierno ha elevado los niveles de vida de la mayoría empobrecida a través de la redistribución de la riqueza. Los oligarcas y los Estados Unidos, incapaces de instalar el neoliberalismo a través de las elecciones, crearon una crisis política, destacada por la cobertura falsa de los medios para obligar a Ortega a renunciar. El golpe está fallando, la verdad está saliendo a la luz, y no debe ser olvidada.