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Comunicado e informe del NSCAG sobre la crisis nicaragüense

Enlace al documento original. Este comunicado e informe es una actualización de la declaración y el informe emitido el 4 de junio de 2018. 

Introducción

En Nicaragua, durante los últimos tres meses, ha habido protestas generalizadas, que fueron iniciadas originalmente por estudiantes universitarios y otros sectores. Estas protestas eran tanto en contra como en apoyo de las propuesta de reforma del sistema de Seguridad Social, que incluía el aumento de la edad de jubilación y un aumento de las contribuciones tanto del empleador como de los empleados.

En respuesta a las protestas, el gobierno retiró rápidamente las reformas propuestas, pero a pesar de ello continuaron los actos violentos generalizados, dirigidos por grupos políticos y organizaciones opuestas al gobierno y que piden ahora un cambio de régimen.

La situación ha escalado en violencia extrema en algunas áreas, lo que ha provocado la trágica muerte de más de 200 personas; cientos más han sido heridas, incluidos miembros de la policía nacional, estudiantes, sindicalistas, empleados del gobierno, dueños de negocios, periodistas y ciudadanos que eran espectadores inocentes. También ha habido incendios intencionados generalizados y destrucción deliberada de edificios públicos, estaciones de policía y propiedad privada. Organizaciones de la oposición han puesto en marcha miles de bloqueos en las carreteras de pueblos, ciudades y las principales autopistas de la costa del Pacífico, como un medio para presionar al gobierno para que satisfaga su exigencia de que dimita Ortega, el presidente de gobierno. Como ocurrió con las manifestaciones, estas protestas comenzaron de manera pacífica en gran parte para luego convertirse rápidamente en actos de violencia y extorsión.

Mientras que el gobierno es acusado por los medios de comunicación y los comentaristas occidentales de la violencia en curso, las evidencias demuestran que la mayoría de la violencia está siendo perpetrada por manifestantes armados de extrema derecha, un hecho que está siendo ignorado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones internacionales de derechos humanos.

Esta situación ha puesto en peligro la seguridad y la estabilidad del país y de la región de América Central. Sobre todo, es necesario restablecer la paz en el país para que el pueblo nicaragüense pueda resolver estos problemas por sí mismo.

El comunicado e informe a continuación establece nuestra posición y proporciona información del contexto de la situación actual. Esperamos que esto se difunda ampliamente para ayudar a aclarar la situación para todos aquellos interesados en apoyar al pueblo nicaragüense en este momento difícil.

Comunicado

El Nicaragua Solidaity Campaign Action Group (NSCAG, Grupo de Acción de la la Campaña de Solidaridad con Nicaragua) llama a sus miembros, afiliados y simpatizantes a:

• apoyar el diálogo como la única forma de lograr la paz y la reconciliación

• rechazar y oponerse a cualquier intervención extranjera en los asuntos internos de Nicaragua como una violación de la legalidad internacional y una agresión contra el principio de soberanía nacional

• respaldar los llamamientos para un cese inmediato de la violencia, el levantamiento de los bloqueos de carreteras y la restauración de la paz, la seguridad y la estabilidad en Nicaragua

• se oponga a cualquier sanción y amenaza por parte de los Estados Unidos que no ayudarán a resolver esta situación y solo aumentará la las dificultades del país y fomentará una mayor violencia

• oponerse a cualquier intento de derrocar al gobierno electo de Nicaragua por medios no democráticos y violentos

• apoyar a la Comisión de Verdad y Justicia que se ha establecido para investigar todos los casos de violencia

• defender el derecho del pueblo nicaragüense a defender su soberanía y determinar su propio futuro libre de cualquier interferencia externa y agresión

El gobierno nicaragüense

El gobierno nicaragüense encabezado por el presidente Daniel Ortega fue reelegido en noviembre de 2016 con más del 72% de los votos, con una participación de en torno al 65%. Ortega prometió defender los logros sociales y económicos del gobierno del FSLN y continuar con el fuerte crecimiento económico de Nicaragua. Las elecciones fueron observadas y monitoreado por organizaciones internacionales reconocidas, y los resultados fueron totalmente aceptados y reconocidos como justos y democráticos. La Constitución de Nicaragua es reconocida por todos los partidos políticos y grupos representados en la Asamblea Nacional.

El gobierno ha estado a cargo de un largo período de progreso, ha brindado estabilidad económica y crecimiento, combinado con programas sociales de gran éxito que han beneficiado a la gran mayoría de los ciudadanos nicaragüenses en los últimos 11 años (ver Anexo 1). En el momento en que estalló la crisis, el crecimiento previsto del PIB para el país era del 4,5% y el turismo estaba en auge; el gobierno había invertido mucho en salud, educación e infraestructura, todo lo cual ahora está en peligro.

Las propuestas del Gobierno para cambiar el sistema de Seguridad Social se debieron a las demandas de la Fondo Monetario Internacional (FMI) de que el gobierno nicaragüense reduzca sus gastos. Sus propuestas incluían  aumentar la edad de jubilación hasta los 65 años y aumentar a más del doble la cantidad de semanas que los trabajadores necesitan pagar al fondo de pensiones para acceder a los beneficios. La contrapropuesta del gobierno en cambio aumentaba un 3,5% las contribuciones de los empresarios a los fondos de pensiones y de salud y aumentaba ligeramente (un 0,75%) las cotizaciones de los trabajadores, mientras que al mismo tiempo transfería el 5% de los pagos de los trabajadores para las a su fondo de asistencia médica. El gobierno también propuso que la edad de jubilación siga siendo a los 60 años.

Ola de violencia

Si bien muchas de las demandas originales de los manifestantes estaban dirigidas específicamente contra los cambios propuestos para el sistema de Seguridad Social, un sector militante de los manifestantes cambió rápidamente sus demandas, pasando a pedir un cambio del gobierno del FSLN, estar contra la presidencia de Daniel Ortega y exigir de facto un 'cambio de régimen'.

Las barricadas creadas por la oposición de derecha han afectado a muchos pueblos y ciudades, haciendo intolerable la vida cotidiana de estudiantes, ciudadanos y comerciantes. Las organizaciones comunitarias han hecho un gran esfuerzo para desmantelar estos bloqueos de las carreteras y restablecer el libre tránsito (ida y vuelta) al trabajo y la escuela. Estos esfuerzos han dado lugar a enfrentamientos que provocaron más muertes y lesiones. A pesar de los esfuerzos y llamadas a detener la violencia, manifestantes armados han seguido atacando las instituciones públicas así como otras empresas, incluidos los bancos y las estaciones de radio, atacando especialmente a individuos y organizaciones que apoyan al gobierno. Esto incluía hospitales, ambulancias y escuelas.

Muchos de los barricadas han sido mantenidas por manifestantes armados de la oposición. Ha habido muchos actos criminales de intimidación, extorsión, secuestros y asesinato de civiles y policías, trabajadores y maestros incluidos. Ha habido actos de sabotaje, vandalismo y saqueo, que han afectado severamente a la economía en su conjunto, pero que sobre todo han causado miedo entre la población. Ejemplos de esto incluyen la destrucción de las oficinas municipales locales en el distrito seis de Managua, de las cuales dependen miles de familias de la zona para el acceso a los servicios públicos básicos, y la quema de CARUNA, un banco popular que ofrece apoyo a los sectores más empobrecidos. Radio Ya, una estación de radio pro-sandinista, también fue destruida por completo.

Las estaciones de policía han estado bajo asedio: en un pueblo, los oficiales de policía estaban completamente rodeados y no podían obtener comida; aquellos oficiales de policía vestidos de uniforme son desnudados, golpeados y, en algunos casos, asesinados, y sus cuerpos quemados. En las barricadas, individuos que empuñan morteros interrogan a los transeúntes y los examinan en busca de pruebas de una conexión con el FSLN; si se encuentra tal "evidencia", son golpeados o asesinados.

El 15 de julio, la policía se puso en marcha el desmantelamiento de las barricadas en Masaya, que ha sido uno de los centros de oposición del gobierno La "operación de limpieza" se produjo después de una ola de manifestaciones por la paz respaldadas por el gobierno por todo el país, muchas de las cuales fueron atacadas por grupos de la oposición de derechas. En todas estas barricadas, se descubrió que los manifestantes "pacíficos" tenían armas de verdad, como fusiles de asalto AK47. Los barrios de Niquinohomo, Catarina y Monimbo han sido liberados, pese a la resistencia y violencia por parte de oposición. Para alivio de las comunidades de todo el país, parece que todos los bloqueos de carreteras en León, Matagalpa, Estelí, Managua, Jinotega y Somoto y en las carreteras principales ya han sido desmantelados.

Las consecuencias económicas

Los cierres de negocios han dejado sin trabajo a 200.000 personas y, a menos que la crisis termine pronto, unos 1,3 millones de personas, de un total de 6.2 millones, "corren el riesgo de caer en la pobreza", según un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo económico y Social (Funides). (La Funides es una organización financiada por EEUU a través de USAID, AyR).

El Banco Central de Nicaragua (BCN) ha reducido drásticamente sus expectativas de crecimiento económico este año, del 4,9 % al 1%, mientras que el sector productivo -incluidas las manufacturas y la agricultura- ha acumulado pérdidas de 430 millones $, con una pérdida de más de 85.000 puestos de trabajo.

Según Funides, la situación en el sector privado es incluso más "dramática". Si la crisis sigue en agosto, la fundación predice que la economía se contraerá en un  5,6%, al perder el PIB 1.400 millones $.

Lo que había sido una industria del turismo vibrante ha sido devastada, lo que ha dado lugar a un efecto dominó para toda la economía en general de un país que ya era uno de los más pobres de América. El turismo ha estado creciendo durante la última década, con más de un millón de visitantes al año, pero ahora algunas zonas turísticas están al borde del colapso. Se informa que las tasas de cancelación exceden el 90 por ciento. Mientras que el sector esperaba unos ingresos de unos 924 millones $, ahora en cambio tiene que hacer frene a pérdidas de 231 millones $, según el Banco Central. Unos 60,000 trabajadores han perdido sus trabajos.

Está claro que los que se verán más afectados son los más empobrecidos y que viven con una vida precaria en los barrios marginales de las ciudades y en el campo. Ellos son los más afectados por el aumento de los precios, la posible escasez de alimentos y las amenazas a sus medios de vida.

La situación recuerda al Chile de Allende, donde Nixon "hizo gritar a la economía" con un declive económico catastrófico mediante las sanciones de Estados Unidos y la desestabilización total por acciones violentas de la extrema derecha antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Una historia de intentos de cambio de régimen

En septiembre de 2016, sectores de la oposición nicaragüense de extrema derecha de Nicaragua visitaron Washington para reunirse con sus aliados de Estados Unidos, incluida la congresista Ileana Ros-Lehtinen, una cubanoamericana que ha utilizado sistemáticamente su posición en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para atacar a la ONU y promover políticas para desestabilizar a América Latina, particularmente Venezuela y Cuba. El motivo de la reunión fue solicitar al Congreso de los Estados Unidos que imponga sanciones a Nicaragua mediante la Ley NICA (Nica Act, Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua) que fue aprobada posteriormente por el Congreso en 2017. Desde entonces se está debatiendo en el Senado de los Estados Unidos. De esta forma, un sector de la oposición nicaragüense con poco apoyo popular e incapaz de ganar las elecciones por medios democráticos, decidió recurrir a una agresión de EEUU contra su propia nación como preludio de un "cambio de régimen".

La Ley NICA ordena a los representantes de EEUU en organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo el vetar y / o bloquear la ayuda financiera internacional a Nicaragua hasta que el Departamento de Estado de EEUU Certifique que el sistema político del país se ha reestructurado para cumplir los objetivos de la ley. La ley, que ha tenido
el apoyo vigoroso de senadores republicanos de extrema derecha como Marco Rubio y Ted Cruz, es una violación flagrante del derecho internacional, ya que busca imponer sanciones financieras a una nación soberana en caso de que no acepte comportarse de acuerdo con la agenda de la extrema derecha republicana de EEUU.

Como respuesta a los resultados preliminares de las elecciones de 2016 (que ganó el Frente Sandinista, AyR), la extrema derecha de Nicaragua pidió la convocatoria de nuevas elecciones, diciendo que no reconocerían la legitimidad del resultado. Luego mintieron diciendo que el pueblo nicaragüense había rechazado el resultado de las elecciones y que había una creciente oposición a Daniel Ortega y su gobierno. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de EEUU Emitió una declaración expresando su "profunda preocupación" por el "defectuoso" proceso electoral nicaragüense, pero hasta el día de hoy no se ha molestado en proporcionar ninguna evidencia por sus alegatos.

Las acciones hostiles de EEUU contra Nicaragua han continuado y existen motivos fundados para creer que existe una fuerte conexión entre esto y la ola de violencia extrema que ha engullido a Nicaragua desde las protestas del 19 de abril, cuyo objetivo específico, coincidiendo con la política estadounidense, es el "cambio de régimen". La velocidad de la escalada y la simultaneidad de los sucesos por todo el país llevan el sello de una operación bien coordinada, motivada políticamente, y diseñada para socavar al gobierno y desestabilizar el país; en otras palabras, un golpe de estado suave.

El 21 de diciembre de 2017, el presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva que lo abarca todo, declarando un "estado de emergencia“ debido a "la frecuencia y gravedad de los abusos contra los los derechos humanos y la corrupción (...) que han alcanzado tal nivel que amenazan la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales".

El 3 de mayo de 2018, el vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo que Estados Unidos está trabajando por la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela, añadiendo: "Seguiremos estando al lado de quienes anhelan la libertad y haremos frente a sus opresores".

El 5 de julio, la administración de EEUU impuso sanciones a tres funcionarios nicaragüenses vinculados estrechamente con el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, acusándoles de corrupción y violaciones de los derechos humanos relacionadas con la insurrección política que estaba teniendo lugar en el país. Según Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, las sanciones buscan "desenmascarar y hacer pagar a los responsables de la campaña actual de violencia e intimidación constantes del gobierno nicaragüense contra su pueblo“.

Financiación del 'cambio de régimen'

La estrategia estadounidense de "cambio de régimen" implica una penetración de medio o largo plazo de la sociedad del gobierno "indeseable" a través de generosas subvenciones que financian asociaciones de la sociedad civil de todo tipo, especialmente las ONG interesadas en la libertad de prensa (y la libertad en general) y los derechos humanos. Estos fondos provienen principalmente de la National Endowment for Democracy (NED), USAID, pero también de organismos privados como el International Republican Institute (NRI), el National Democratic Institute (NDI), ambos centros de recursos para el intervencionismo de los partidos Republicano y Demócrata respectivamente, y Freedom House.

Entre 2014 y 2017, la NED financió más de 50 proyectos en Nicaragua por un total de 4.2 millones $. Con ellos se financió principalmente organizaciones preocupadas por la buena gobernanza, la empresa privada, el fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil para defender la democracia, dirigidos especialmente a los jóvenes y los estudiantes con el objetivo de fomentar "un papel más activo de la juventud en la defensa de la democracia", y los derechos humanos. Aunque el lenguaje de la NED es de apoyo a la "sociedad civil" y grupos a favor de la democracia, es evidente que el enfoque consiste específicamente en proporcionar una estrategia coordinada y voz en los medios de comunicación a los grupos de la oposición y construir una oposición coordinada al gobierno.

En un artículo de Benjamin Waddell, "Sentando las bases para el cambio: una mirada más de cerca al papel de EEUU en el malestar social en Nicaragua" (1 de mayo de 2018), en la revista Global Americans, financiada por NED, Waddell declara sin vergüenza: "Mirando hacia atrás en los sucesos de los últimos meses, ahora es bastante evidente que el gobierno de EE. UU. ayudó activamente a construir un espacio político y una capacidad en el seno de la sociedad nicaragüense para el levantamiento social que se desarrolla actualmente".

El mayor receptor de fondos de los EEUU es Hagamos Democracia con 525.000 $ (2014-17), cuyo presidente, Luciano Garcia, calificó a Nicaragua de "estado fallido" en febrero de 2017 a pesar de todas las evidencias en contra,  (La Prensa, 26 de febrero de 2017) y ha pedido al presidente Daniel Ortega que dimita. El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEPP) recibió al menos 226.000 $ (2014-17) y su Director Ejecutivo, Felix Maradiaga, ha pedido abiertamente la renuncia del presidente Daniel Ortega diciendo "No me puedo imaginar una salida en este momento que no incluya una transición a la democracia sin Daniel Ortega" (La Prensa, 20 de mayo de 2018).

Las organizaciones de derechos humanos CENIDH y CPDH, ambas vociferantes en su condena de supuestos derechos humanos violaciones por parte del gobierno, han recibido111.000 $ en 2017.

El 5 de junio, una delegación del grupo estudiantil dieron lugar a la ola
de violencia viajó a Washington para reunirse con el Embajador Michael Kozak de la Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de EEUU, Mark Green , el administrador de USAID, Ilena Ros-Lehtinen y los Senadores Marco Rubio y Ted Cruz. Estos políticos estadounidenses son cubanoamericanos estrechamente asociados con la comunidad de exiliados de Miami y están fuertemente comprometidos con el "cambio de régimen" en Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua. También pertenecen a la ala de extrema derecha del Partido Republicano.

El viaje de los estudiantes y los gastos relacionados fueron pagados por Freedom House, un socio de la NED financiado por el gobierno de EEUU y cuya agenda típicamente se alinea con el ala neoconservadora del establishment de la política exterior de los Estados Unidos. De esto informó el McClatchy DC Bureau el 6 de junio de 2018 con el sugestivo título "La Nicaragua de Ortega chocó con los estudiantes. Quieren que Trump les ayude para derrocarlo“.

Después de la reunión, Rubio tuiteó "Me reuní con líderes de la Coalición de la Universidad de Nicaragua... hablamos sobre la atrocidades cometidas por el régimen de Ortega. Apoyo su lucha por la democracia y la libertad en Nicaragua".

El 13 de julio, la administración Trump respaldó las llamadas de la oposición nicaragüense a un nuevo gobierno en Nicaragua, acusando al gobierno del presidente Daniel Ortega de haber "vaciado las instituciones democráticas, no cooperar con investigadores internacionales de derechos humanos y haber enviado a las fuerzas de seguridad estatales a reprimir violentamente las protestas". Miguel Kozak y otros funcionarios de la administración dijeron al Congreso que la única forma de abordar la crisis actual en Nicaragua es llevando a cabo nuevas elecciones que permitan al pueblo nicaragüense elegir un nuevo liderazgo. "Nadie va a ser capaz de reconciliarse con el régimen en el poder", dijo Kozak. "Es realmente importante que se aparten del camino y dejen que el país cree su futuro por sí mismo. Es cómo haces que eso suceda de manera  mecánica. Así es como presionas lo suficiente en la familia, fundamentalmente para tomar esa decisión y apartarte del camino".

El 18 de julio, los senadores de los Estados Unidos dirigidos por Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz, es decir, la extrema derecha, introdujo una legislación bipartidista que proponía imponer sanciones más severas y más más injerencia extraterritorial de EEUU en los asuntos internos de Nicaragua. Seguramente no es una coincidencia que la legislación se introdujese el 19 de julio, coincidiendo con la celebración del 39 aniversario de la revolución sandinista, y solo un día después Mark Green, administrador de USAID, anunció una ayuda financiera adicional de 1.5 millones $ "para continuar apoyando la libertad y la democracia en Nicaragua". La financiación se destinará a "organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, líderes emergentes y medios independientes...".

Papel de los medios y las redes sociales

El extraordinario poder de las redes sociales ha jugado un papel importante en lo que ha ocurrido. Esta es el medio por el cual la oposición se ha movilizado tan rápidamente, pero significa que es difícil discernir los hechos de la ficción, al comportarse como una cámara de resonancia donde las personas y los medios de comunicación seleccionan la información que se ajusta a su narrativa; esto sirve para intensificar el conflicto y nadie sabe ya dónde obtener información de confianza. Esto ha alimentado los mensajes antigubernamentales hostiles que se reproducen en los medios de comunicación a nivel nacional y mundial y empujan a las personas a posiciones y acciones extremas. Las imágenes, a menudo manipuladas, juegan un papel poderoso en fomentar el odio, infundir miedo y culpar al gobierno de todo.

Esta guerra mediática es evidente en la cobertura internacional de la crisis: no se menciona siquiera la abundante evidencia de la violencia de la oposición que dio lugar a la muerte de simpatizantes del gobierno y miembros de la policía; la destrucción generalizada de edificios públicos, incluidos hospitales y escuelas; el secuestro de conductores de camiones de larga distancia; la financiación por EEUU de organizaciones de la oposición destinadas a "fomentar" la insurrección nicaragüense y los llamamientos de organismos internacionales (la ONU, la Organización de Estados Americanos y el Sistema de la Integración Centroamericana) a negociar dentro del marco constitucional sin interferencia externa. Las violentas atrocidades de la oposición se presentan como represión gubernamental. Los llamados periodistas "independientes" están avivando las llamas de la polarización y el conflicto a través de sus informes y artículos que favorecen a la oposición de derecha.

El deseo de paz y el diálogo nacional - Medidas tomadas por el gobierno

En un esfuerzo por restablecer la paz y la estabilidad en el país, el presidente Ortega convocó un diálogo nacional, mediado por la Iglesia Católica, involucrando a todos los sectores de la sociedad, los estudiantes, la sociedad civil, el sector privado y los sindicatos. La postura del gobierno nicaragüense en el diálogo era "abogar por la no violencia venga de donde venga y garantizar el derecho de todas las personas a trabajar". Sin embargo, el diálogo hasta ahora está estancado debido a la intransigencia de la la oposición de derecha que insiste en la renuncia de Ortega o la celebración de elecciones anticipadas como condición previa para el diálogo.

El gobierno del FSLN propuso que la creación de una Comisión de Verificación y Seguridad. Esto fue acordado por todas las partes del Diálogo Nacional. La función de la Comisión de 12 miembros es crear un clima de paz y reconciliación al poner fin a todos los actos de violencia vengan de donde vengan. Irá acompañado de una delegación de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

A principios de mayo, el gobierno también nombró una Comisión de Verdad y Justicia cuyo mandato es investigar todas las muertes que han ocurrido como resultado de la violencia e identificar a los responsables. Esta Comisión será acompañada por un panel internacional de expertos designados por la CIDH. Otras comisiones aún por establecerse serán responsables de las propuestas relacionadas con la reforma electoral.

El gobierno también acordó no responder a la violencia y mantener a la policía fuera de las calles, confinándola en las estaciones de policía. La única intervención de la policía ha sido proteger a la población, despejar y desmantelar los bloqueos de carreteras y las barricadas, pero esto ha tenido como consecuencia más violencia por parte de la oposición derechista, lo que ha provocado la muerte de al menos una docena de oficiales de policía.

El gobierno autorizó la visita de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de buscar una solución al conflicto. El 30 de mayo, el gobierno firmó un acuerdo con la Secretaría General de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apoyar la investigación de los actos de violencia ocurridos desde el 18 de abril. La CIDH presentó un informe (22 de junio de 2018) que fue rechazado por el gobierno del FSLN por ser subjetivo, partidista y tendencioso. El informe de la CIDH fue discutido en la Organización de Estados Americanos, donde el 70% de los miembros del Consejo Permanente de la OEA no dio su respaldo al informe, confirmando así las dudas del Gobierno al respecto (respuesta de NSCAG sobre el informe).

El gobierno nicaragüense ha seguido abogando por la paz, el diálogo y la reconciliación, con una llamada a todos a parar toda la violencia, acabar con el bloqueo de las carreteras y garantizar el derecho al trabajo de todas las personas. También ha expresado su voluntad de seguir trabajando con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en temas como la reforma electoral, proceso que ya ha comenzado y que deberá estar listo a comienzos del año que viene. Sin embargo, el ala derecha de la oposición sigue siendo intransigente y quiere nada menos que el cambio de régimen y el derrocamiento del gobierno de Nicaragua elegido democráticamente.

Un paso positivo ha sido el comunicado del 30 de junio de los Presidentes de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) pidiendo paz y el respeto a la soberanía de Nicaragua sin injerencia extranjera. El comunicado expresa su confianza en el diálogo y la reconciliación como caminos necesarios hacia la construcción y preservación de la paz.

Los estados miembros del SICA también han pedido "un cese inmediato de la violencia en todas sus formas, lo que ha tenido como resultado inseguridad, muerte y destrucción de bienes públicos y privados" y continúa diciendo: ”saludamos la voluntad del gobierno nicaragüense y de sectores de la sociedad nicaragüense por reafirmar su compromiso con la paz, orientados a la búsqueda de acuerdos, estableciendo como objetivo principal la justicia social, y el bienestar de las personas, en el marco del respeto de los derechos humanos".

El comunicado también expresó su apoyo a los procesos de diálogo promovidos por varias organizaciones, pero también su "profunda preocupación por la situación de la movilidad humana y económica que ha afectado a la región", en referencia al bloqueo de carreteras y transportes por parte de grupos armados con el objetivo de colapsar la economía de Nicaragua.

Líderes políticos y organizaciones que asistieron al Foro de Sao Paulo en La Habana del 15 al 17 de julio pidieron apoyo y unidad entre la izquierda latinoamericana y los movimientos progresistas. Hablando en el evento, Ralph Gonsalves, Primer ministro de San Vicente y las Granadinas, instó a apoyar a los líderes y gobiernos atacados por las organizaciones de derecha en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Una declaración emitida por el Foro llamó a ”todas las fuerzas progresistas y revolucionarias del mundo a fortalecer la solidaridad con la lucha del pueblo hermano de Nicaragua para restaurar la paz frente a los intentos desestabilizadores criminales de la oligarquía y la derecha proimperialista, sumándonos a todos al lema #NicaraguaQuierePaz“. Ver:

https://libya360.wordpress.com/2018/07/17/sao-paulo-forum-resolution-on-the-situation-in-nicaragua/

El pueblo nicaragüense quiere paz

Cientos de miles de nicaragüenses están marchando diariamente por todo el país para pedir el retorno a la paz y estabilidad Ver:

https://www.telesurtv.net/english/opinion/Nicaragua-Defeats-The-Not-So-Soft-Coup-20180717-0019.html

El 19 de julio, decenas de miles de nicaragüenses se reunieron en Managua y otras ciudades para celebrar el 39 aniversario de la revolución sandinista. Es de esperar que, en este momento, los nicaragüenses puedan celebrar la derrota del golpe suave y un regreso a la paz y la estabilidad. Es el pueblo nicaragüense, y no Washington, quien decidirá su futuro.



Anexo 1
Indicadores del progreso social y económico de Nicaragua desde 2007

• las segundas tasas de crecimiento económico más altas y la economía más estable en Centroamérica

• único país de la región que produce el 90% de los alimentos que consume

• la pobreza y la pobreza extrema se han reducido a la mitad y es el país con la mayor reducción de pobreza (del 17% en 2009 al 6% en 2016)

• alcanzado el Objetivo de Desarrollo del Milenio de la ONU de reducir la desnutrición a la mitad

• salud y educación básica gratuitas

• más del 90% de la población tiene acceso a la electricidad (55% en 2006)

• el analfabetismo prácticamente eliminado (36% en 2006)

• crecimiento económico promedio del 5,2% en los últimos cinco años (según el FMI y el Banco Mundial). "Las políticas macroeconómicas implementadas por el Gobierno de Nicaragua son positivas y deberían servir como un ejemplo para América Latina ", dijo Min Zhu, subdirector gerente del FMI

• el país más seguro de América Central (según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), con una de las tasas de delitos más bajas de América Latina

• es uno de los pocos países de América Latina y todo el mundo en vías de desarrollo que produce todos su libros de texto en todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad y la educación de adultos

• el nivel más alto de igualdad de género en las Américas, según el Informe Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial de 2017. Ha alcanzado niveles de participación política de la mujer que solo se encuentran en los países más desarrollados

• es el segundo destino turístico de más rápido crecimiento en las Américas, convirtiéndose en un destino turístico de fama mundial para viajeros en busca de paz, tranquilidad y experiencias culturales saludables y respetuosas con el medio ambiente.

• había logrado detener el éxodo a los Estados Unidos