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La revolución de las prostitutas nicaragüenses

Nicaragua se ha convertido en el primer país del mundo en otorgar a las trabajadoras sexuales el estatus de facilitadoras judiciales

Johana está harta de la palabra puta. Así la han llamado en su casa, en su comunidad y en la policía. Desde los 16 años ha sido perseguida por el peso de estas cuatro letras. Todo comenzó cuando era una adolescente y se enamoró de un proxeneta que la adentró al mundo de los burdeles. Desde aquel entonces han transcurrido dos décadas, un período marcado por innumerables palizas, noches de calabozos y jornadas comandadas por el alcohol y las drogas.

Johana cuenta que en dos momentos clave de su vida fue a la policía para pedir ayuda. Ella denuncia que en ambos casos fue maltratada y desatendida por parte del sistema de justicia. “Yo era una adolescente cuando fui por primera vez, quería huir del proxeneta. Sólo se rieron de mí y no me creyeron. Luego, en mi familia hubo un problema con un sobrino, y cuando fui a preguntar, un policía me reconoció y me echó con el pretexto de que era una puta”.

Ella sigue ejerciendo el trabajo sexual, pero algo ha cambiado. En su cartera lleva un carnet que la acredita como facilitadora judicial y que le concede autoridad ante los organismos policiales y las oficinas gubernamentales en Nicaragua. Esta nueva figura entierra la soledad de las trabajadoras sexuales y las visibiliza a la hora de reclamar sus derechos como ciudadanas.

Este nombramiento sitúa a Nicaragua como el primer país del mundo en entrenar a sus trabajadoras sexuales para resolver conflictos y tener voz legal ante los cuerpos de seguridad. El 21 de abril de 2015, 18 mujeres fueron nombradas como facilitadoras judiciales por la Corte Suprema de Justicia tras unos meses previos de capacitación sobre las leyes del país.

Marvin Aguilar García, coordinador nacional del Servicio de Facilitadores Judiciales, tiene claro cuál será el papel que estas mujeres tendrán en los procesos legales, tanto en las ciudades como en los poblados del país. “Pretendemos que las trabajadoras sexuales tengan representación en su sector y puedan resolver sus conflictos entre ellas mismas y de esta forma evitar que la violencia incremente. Que no haya necesidad de acudir a la prisión. Queremos que se sientan capaces de dar solución a los delitos menos graves a través de una mediación y prevenir los conflictos con un espíritu preventivo”.

Desde que recibió la acreditación, a Johana le faltan horas. Ella explica que sus compañeras no paran de pedir su apoyo, para no sentirse desamparadas a la hora de resolver los problemas que se encuentran tanto en la calle, como en los burdeles o incluso dentro de sus propios hogares. Entre los conflictos más comunes están la violencia intrafamiliar, el abuso policial y los juicios para pelear la custodia de los hijos.

“Ya no tenemos miedo. Ahora tenemos una herramienta para pelear contra esa ley que nos había dominado siempre, esa en la que era normal que un policía te pidiera sexo a cambio de no ir presa, te quitara el dinero o te mandara a cambiar de esquina, sin respetar que era nuestro sitio de trabajo. Estamos trabajando para que nunca más vuelvan a vulnerar nuestros derechos y el de nuestros hijos”. Esto lo asegura Johana desde la oficina de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Girasoles, en Managua. Aquí llegó hace dos años para plantear una pregunta: ¿Cómo puedo aprender a defender mis derechos y los de mi familia?. Desde entonces, Johana forma parte de esta organización que reúne a 2300 mujeres, y tiene como objetivo “mejorar las condiciones de vida e incidir en las políticas publicas con el propósito de visibilizar y hacer respetar los derechos”.


María Elena Dávila es la directora de esta asociación. Ella lleva 30 años como trabajadora sexual y en la actualidad es la cara más visible del colectivo en Nicaragua. Dávila comenzó en el 2012 a exigir la presencia en el programa de facilitadores judiciales como respuesta al retraso en los casos donde se veían implicadas. Ahora todo comienza a cambiar. “Estamos haciendo seguimiento de unos 15 a 20 por mes, es un derecho que hemos adquirido, y estamos trabajando entre todas las compañeras para hacer las cosas como dios manda”.

El Programa de Facilitadores Judiciales en Nicaragua comenzó en la década de los noventa con el objetivo de resolver las dificultades que enfrentaba el poder judicial en las comunidades más aisladas del país. En la web del Consejo Nacional de Justicia se explica que estos facilitadores “no juzgan los casos, no son defensores ni fiscales, sino son un puente de comunicación entre operadores de justicia y su comunidad/barrio para un mejor proceso de acercamiento hacia la justicia“.

Dávila anuncia que aún queda mucho camino por recorrer. En la actualidad, el colectivo está enfocado en que el trabajo sexual tenga una legalidad jurídica en el país y, de esta manera, poder contar con los mismos derechos y deberes que el resto de los ciudadanos. “El trabajo sexual es legal en Nicaragua, es decir, no está penado, pero luchamos por tener un trabajo en condiciones. Somos mujeres organizadas que estamos demostrando que queremos ser sujetas de cambio, y conocedoras de cada uno de nuestros derechos“, apunta Johana.

Nuevos oficios

Hay otro grupo que está abriendo camino a nuevas formas de vida. Desde hace cinco años, más de 200 mujeres han abandonado la calle y los burdeles tras encontrar otros oficios que mejoran su calidad de vida. Otras 150 comparten su labor como trabajadora sexual con los estudios en peluquería, cocina internacional, administración, entre otros.

En este campo, la organización local Tesis comenzó en 1993 se adentró a los sectores más pobres de Nicaragua para frenar el alto índice de contagio en niños, niñas y mujeres. En estas visitas detectaron que las adolescentes y mujeres eran las principales víctimas del virus tras practicar el trabajo sexual. Frente a este contexto, las organizaciones de mujeres, el colectivo Girasol y Tesis unieron todos sus esfuerzos para exigir al Ministerio de Sanidad que creara un plan de asistencia a las trabajadoras sexuales. Una batalla ganada desde el 2010, que ha logrado que el índice de contagio en este sector sea el más bajo en América Latina con un 0,1%, según cifras del Ministerio de Salud en el 2014.

Además, el Estudio sobre estigma y discriminación en los servicios de salud a las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe revela un datos más: en la actualidad, el 97% de las trabajadoras sexuales de Nicaragua de entre 21 y 40 años o más utiliza preservativo en su trabajo, y un 96% se ha hecho la prueba de VIH alguna vez.

Danilo Medrano, director de Tesis, no titubea a la hora de asegurar que se ha avanzado mucho en las últimas dos décadas. Para él, la clave ha estado en ofrecer a las trabajadoras sexuales todas las herramientas para que sean ellas mismas quienes decidan si quieren encontrar nuevos oficios, o en qué condiciones ejercer la prostitución. “En 1978 y 1979 fueron quemados todos los burdeles y prostíbulos del país por los sandinistas. El Gobierno creó un proyecto de reinserción pero no dio buenos frutos porque las mujeres eran obligadas a estudiar costura y peluquería. Ellas no eligieron su destino y por eso fracasó. Luego, con el fin de la revolución en 1990, se volvieron a crear burdeles, clubs de baile y salones en los que hasta ahora ejercen en medio de un limbo legal”, agrega Medrano.

Tesis, con el apoyo de ICCO Cooperación, ha creado el programa Stepping Up, Stepping Out (SUSO), que tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de las trabajadoras sexuales, a través del empoderamiento económico. “Con mayores oportunidades para generar ingresos, las trabajadoras sexuales pueden tomar mejores decisiones informadas sobre su salud y seguridad” explica Aide Sánchez, coordinadora del SUSO en Managua.

Aide visita los distintos burdeles y clubs de baile desde el 2010, para generar una relación de confianza con las trabajadoras sexuales y posteriormente invitarlas a participar en SUSO. Gabriela escuchó la propuesta de Aide. Hasta aquel momento, Gabriela conocía el trabajo sexual como única opción de ganar dinero. Cuando era adolescente, su hermana la invitó a trabajar con ella en el club y ella se acostumbró a trabajar en las noches. Esta joven, de 21 años cuenta que la posibilidad de tener otras oportunidades de trabajo fue la clave para participar en SUSO. “Muchos días estaba en el club, y volvía a mi casa sin dinero. No quiero eso para mi hija”.

En la actualidad, Gabriela tiene un negocio de peluquería y manicura en el salón de su casa. Ella comparte su tiempo entre el trabajo sexual y su propio negocio. “Cada vez tengo más clientes en casa, yo calculo en un año ya podré dejar de ir al club para dedicarme a la peluquería, que es lo que realmente me gusta”.

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Artículo publicado originalmente en El País (10.03.2016).