La guerra invisible: Cronología de las sanciones económicas contra Venezuela (2013-2019)
La siguiente cronología nos permite responder a tres preguntas esenciales para entender el bloqueo contra Venezuela: «¿Quién impone el bloqueo? ¿A quién se le impone? y ¿Por qué?» (1).
Al leer las medidas tomadas, la respuesta a la primera pregunta es obvia: son los Estados Unidos, seguidos por sus vasallos latinoamericanos o europeos. Los hechos hablan por sí mismos. No hay comentarios o interpretaciones cuestionables.
La respuesta a la segunda pregunta también es obvia. Si bien algunos comentaristas se esfuerzan por transmitir los elementos del lenguaje de la administración de los Estados Unidos para creer que solo se trata de sanciones dirigidas contra personas, la lectura de este documento nos lleva a una conclusión lógica. Todo el pueblo venezolano es el objetivo. Lo que además es reivindicado explícitamente desde el poder de EEUU.
Es por esto que no mencionamos sanciones contra miembros del estado venezolano (excepto en el sector de la alimentacuón). Iniciadas en 2008, estas sanciones individuales actualmente afectan a 51 ciudadanos venezolanos.
En cuanto a la respuesta a la última pregunta, es la consecuencia de la segunda. Primero, hay una respuesta en términos geopolíticos. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, las cuartas reservas de oro, su subsuelo está lleno de minerales (coltan, torio, bauxita, hierro) y es un país rico en agua dulce, gas y diamantes... Entendemos que esto provoca el apetito de algunos depredadores.
Avances de la economía venezolana bajo Chávez (The Guardian, 2012)
Pero ¿por qué entonces querer matar de hambre y martirizar a un pueblo entero? Simplemente porque ese pueblo de combatientes se niega sistemáticamente desde 1998 a ver su soberanía pisoteada por un imperio al servicio de las transnacionales. Y esta gente cabezota ya ha resistido varios intentos de volver al "camino recto" de los intereses dominantes.
El pueblo venezolano no solo demostró que otra vía era posible frente al neoliberalismo, sino que dio lecciones de resistencia a muchos otros pueblos del mundo. Es, pues, quien debe pagar ahora por esa afrenta.
A las opiniones políticas sesgadas han de oponerse los hechos sistemáticamente. Cualquier discusión o debate sobre el país caribeño debe pasar necesariamente por un análisis de las medidas de represalia contra la economía de Venezuela.
Solo después podemos hablar sobre la efectividad o no de las políticas gubernamentales, las opciones económicas o las consecuencias sociales de la situación actual.
Aquí hay una breve cronología de los ataques financieros, bancarios y económicos contra la Revolución Bolivariana. No toma en cuenta las otras dimensiones de la guerra híbrida contra Venezuela, como el frente diplomático, militar, mediático, legal o institucional.
Antes de hablar de la economía, hablemos del bloqueo.
CRONOLOGÍA
14 de abril de 2013: Nicolás Maduro es elegido Presidente de la República Bolivariana de Venezuela con el 50,61% de los votos. Su principal oponente, Henrique Capriles Radonski, no reconoce su derrota, y llama a sus partidarios a salir a la calle. Balance: 11 chavistas asesinados, 65 heridos.
12 de febrero de 2014 - mayo de 2014: la oposición trata de derrocar a Maduro por la fuerza. Balance: 42 muertos, 850 heridos. Ante el fracaso de este golpe de estado y considerando las divisiones electorales, se pondrá en marcha una estrategia económica y financiera para estrangular a la población venezolana y ponerla en contra del gobierno de la Revolución Bolivariana.
Diciembre de 2014: el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley 113-278 titulada "Ley Pública para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela". Este instrumento legal dicta la línea de acción política del gobierno de los Estados Unidos y sus vasallos contra Venezuela. La Ley 113-278 establece la posibilidad de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela en los campos económico, financiero y comercial. Además, estipula "trabajar" en esta dirección con sus socios miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
Enero de 2015: la agencia de evaluación de riesgos estadounidense Moody's baja la calificación del riesgo país de Venezuela a nivel de CCC; Esta nota pone a los bonos del estado venezolanos y la petrolera PDVSA al borde del incumplimiento de los pagos en una maniobra destinada a dañar la reputación financiera internacional del país.
Febrero de 2015: la agencia de calificación Standard and Poor's revaja la calificación de riesgo de la deuda de Venezuela y PDVSA a CC; esta nota particularmente negativa tiene el efecto de restringir el acceso de Venezuela a la financiación internacional.
Marzo de 2015: Las tres mayores agencias de calificación de riesgo, Standard and Poor's, Fitch Rating y Moody's, emiten alertas sobre el supuesto incumplimiento de los pagos de Venezuela, lo que inevitablemente conduciría a graves dificultades económicas.
08/03/2015: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firma la Orden Ejecutiva 13692 (el "Decreto Obama"). Esta última se basa en la Ley de Poderes Económicos en una Emergencia Nacional, en la Ley de Emergencia Nacional y en la Ley 113-278 para calificar a Venezuela como "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU". Este decreto permitirá el desarrollo legal de los ataques económicos sufridos por Venezuela desde esa fecha.
Junio de 2015: COFACE, una entidad financiera francesa, adopta las calificaciones de Standard and Poor's, Fitch Rating y Moody's, y clasifica el riesgo país de Venezuela como el más alto de América Latina y lo compara con el de los países africanos actualmente en guerra, con el objetivo de secar las fuentes de inversión en Venezuela.
El General John Kelly, exs comandante del Comando Sur de los Estados Unidos
28/10/2015: El general John Kelly, entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SouthCom), declara que Estados Unidos intervendrá en Venezuela en caso de una crisis humanitaria en ese país.
Abril 2016: Comienza el bloqueo financiero. A partir de esta fecha, las instituciones venezolanas con cuentas bancarias extranjeras sufren restricciones para la realización del pago en dólares.
Abril de 2016 (II): en un informe, el FMI advierte sobre el "desastre económico" en Venezuela, generando así perspectivas de colapso, inflación y escasez que legitiman las acciones de guerra económica lideradas por Fedecamaras (MEDEF venezolano) y Consecomercio.
Mayo de 2016: La Asamblea Nacional (en insubordinación), mayoritariamente en manos de la oposición, aprueba una ley que cancela todos los contratos petroleros, las inversiones internacionales y la emisión de deuda; al hacerlo, pretende secar cualquier inyección de dinero fresco en la economía del país.
Mayo de 2016 (II): El banco Commerzbank (Alemania) cierra las cuentas de varias instituciones venezolanas, incluidas las de los bancos estatales venezolanos y las de PDVSA, la compañía petrolera.
Julio de 2016: El banco estadounidense Citibank prohibe a su red de intermediarios del Grupo Wolfsberg (un conglomerado de importantes bancos internacionales como Banco Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs y JP Morgan Chase) llevar a cabo transacciones con instituciones venezolanas, incluido el Banco Central de Venezuela.
El hundimiento de la producción de petróleo de Venezuela, paralelo a las sanciones de EEUU
Agosto de 2016: el cierre unilateral de las cuentas intermediarias bancarias obliga a Venezuela a operar usando otras monedas, a pesar de que la mayoría de las divisas obtenidas por la venta de petróleo se realiza en dólares. El país sufre grandes pérdidas debido a nuevos costos de transacción, divisas y costos operativos.
Agosto de 2016 (II): Banque Novo Banco (Portugal) informa al Estado venezolano que ya no realizará ninguna transacción en dólares con bancos o instituciones venezolanas debido a la presión ejercida por sus intermediarios bancarios.
Agosto de 2016 (III): La Asamblea Nacional (en insubordinación), dominada principalmente por la oposición, declara que la concesión de un préstamo de 482,5 millones de dólares a Venezuela por parte del Fondo Latinoamericano de Reservas es ilegal.
Septiembre de 2016: PDVSA lanza una oferta de canje (7.100 millones de dólares en vales) para ayudar a facilitar sus pagos. Ante esto, las tres agencias principales de evaluación de riesgos de EE. UU. Intentaron asustar a los posibles inversionistas amenazando con declarar un incumplimiento de obligaciones si respondían a la oferta de la compañía petrolera.
Noviembre de 2016: JP Morgan Bank lanza una alerta falsa con respecto a un supuesto incumplimiento de deuda de 404 millones de dólares por parte de PDVSA. El objetivo es crear miedo en la comunidad financiera y dañar a la compañía petrolera nacional venezolana.
Noviembre de 2016 (II): la petrolera estadounidense ConocoPhilips demanda a PDVSA ante un tribunal estatal de Delaware por el intercambio de vales. Al acudir al terreno judicial, el objetivo es asustar a los participantes y, en última instancia, frustrar la operación.
Diciembre de 2016: Crane Currency, proveedor de billetes en moneda del Departamento del Tesoro de los EEUU y contratado por Venezuela para imprimir su dinero en efectivo, retrasa el envío de nuevos billetes para crear ansiedad y caos entre la población.
Enero de 2017: Adar Capital Partners, con sede en las Islas Caimán, afirma que Venezuela no incumplirá sus obligaciones en 2017, lo que contradice los mensajes de las tres agencias principales de evaluación de riesgos sobre la inminencia de una crisis de la deuda venezolana.
Abril de 2017: Julio Borges, desde la presidencia de la Asamblea Nacional (en insubordinación), solicita a más de 20 bancos internacionales que pongan fin a todos los vínculos económicos y financieros con Venezuela, transformando al parlamento en un instrumento de legitimación del bloqueo financiero.
El desplome de la economía venezolana, paralelo a la guerra económica de EEUU
Mayo de 2017: Julio Borges se reúne con el actual asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el general H. R. McMaster, para coordinar las sanciones económicas y financieras contra Venezuela.
Julio de 2017: PNC Delaware Trust Company (que administra las carteras de valores de PDVSA informa a PDVSA que su banco intermedio (PNC Bank) ya no aceptará fondos de la compañía petrolera.
Julio de 2017 (bis): El banco estadounidense Citybank se niega a recibir un pago del estado venezolano para la compra de 300.000 dosis de insulina.
21/08/2017: Bank Of China, con sede en Panamá, informa a Venezuela que, tras la presión del Departamento del Tesoro de los EEUU y el Gobierno de Panamá, ya no realizará ninguna transacción en dólares desde o hacia Venezuela.
22/08/2017: Varios bancos rusos informan a Venezuela de la imposibilidad de realizar transacciones con bancos venezolanos debido a la restricción impuesta por los bancos intermedios de los Estados Unidos y varios países europeos.
23/08/2017: El banco intermediario de la institución bancaria de BDC Shandong detiene un acuerdo de China con Venezuela por valor de 200 millones de dólares. Venezuela tardará más de un mes en recuperar ese dinero.
24/08/2017: Donald Trump firma la Orden ejecutiva 13808 titulada "Sanciones adicionales sobre la situación en Venezuela". Este decreto prohíbe toda una serie de transacciones con el Estado venezolano, y en particular con Pdvsa, y todas las demás entidades propiedad del Estado venezolano. Se establece una lista de restricciones a las transacciones financieras:
- El estado venezolano y PDVSA tienen prohibido emitir nuevos títulos de deuda.
- Se prohibe realizar transacciones sobre los títulos emitidos por el Gobierno antes de la entrada en vigor de este decreto.
- Queda prohibido el pago de dividendos o ganancias al gobierno de Venezuela por parte de entidades que residen en los Estados Unidos. Esto afecta principalmente a Citgo, una compañía propiedad de PDVSA que tiene 3 refinerías y 6.000 estaciones de servicio en los Estados Unidos.
- Se prohíbe la compra de ciertos bonos del tesoro venezolano y deuda venezolana.
La Casa Blanca declara que este paquete de prohibición fue "cuidadosamente pensado para negar a la dictadura de Maduro una fuente importante de financiamiento".
El decreto 13808 tiene como objetivo sistematizar los ataques a las empresas estatales y las operaciones comerciales y financieras del estado venezolano para destruir la economía del país. En este sentido, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y Colombia, Wiliam Brownfield, dijo: "La mejor resolución es precipitar el colapso del gobierno venezolano, incluso si implica meses y años de sufrimiento para los venezolanos".
Agosto de 2017: Después de las presiones del Departamento del Tesoro de EEUU, Euroclear, una filial del banco estadounidense JP Morgan, congela las transacciones de deuda soberana de Venezuela. Desde entonces, Euroclear ha retenido 1.200 millones de dólares en la República Bolivariana de Venezuela.
Agosto de 2017 (III): Helvetian Bank Credit Suisse prohíbe a sus clientes realizar transacciones financieras con Venezuela.
Agosto de 2017 (IV): Estados Unidos pone en marcha un embargo de petróleo no declarado; los bancos privados estadounidenses, presionados por el Departamento del Tesoro, se niegan a abrir líneas de crédito para la compra de petróleo crudo venezolano, lo que afecta a los ingresos financieros del país. La compañía PBF Energy, una de las refinerías con un gran volumen de transacciones con Venezuela, se vio obligada a abandonar sus relaciones económicas bilaterales bajo la amenaza de sanciones.
09/05/2017: Canadá y Estados Unidos se unen para "adoptar medidas económicas contra Venezuela y aquellos que contribuyen activamente a la situación actual en el país".
Septiembre de 2017: Tras las sanciones de agosto del gobierno de Trump, Citgo, la filial estadounidense de PDVSA, comienza a luchar para llevar el crudo a sus refinerías y estabilizar sus operaciones. Citgo ha hecho llegar a Venezuela al menos 2.500 millones desde 2015, y ahora el bloqueo financiero pone en peligro esta contribución.
Octubre de 2017: Deutsche Bank informa al banco chino Citic Bank del cierre de sus cuentas con sus intermediarios bancarios por haber aceptado pagos de PDVSA.
Octubre de 2017 (II): Venezuela compra vacunas y medicamentos a la Organización Panamericana de la Salud, una subsidiaria de la Organización Mundial de la Salud y, por lo tanto, bajo los auspicios de la ONU. Debido a la extraterritorialidad de las leyes de EEUU, El banco suizo UBS rechazará el pago, causando un retraso de 4 meses en la entrega de vacunas y desarticulando completamente el sistema público de vacunación gratuita del Ministerio de Salud de Venezuela.
11/03/2017: El presidente Maduro anuncia que Venezuela ha pagado más de 74.000 millones de dólares a sus acreedores en los últimos cuatro años. A pesar de esto, las agencias de calificación aumentan el riesgo país de Venezuela, lo que dificulta la obtención de créditos en los mercados financieros. El Comité de las Américas de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) declara a Venezuela en incumplimiento, a pesar de los reembolsos. Mediante esta maniobra se intenta abrir la puerta a ua confiscación de bienes y activos que pertenecen a PDVSA. Pese a la voluntad venezolana de cumplir con sus compromisos internacionales asegurando el pago de los vencimientos de la deuda de los últimos 3 años, JP Morgan Bank vuelve a elevar el riesgo país de Venezuela a 2989 puntos, el más alto desde 2014, cuando se situó en 1458 puntos.
11/09/2017: Estados Unidos castiga a un grupo de funcionarios venezolanos por "pisotear la democracia y administrar programas gubernamentales corruptos de distribución de alimentos". Los funcionarios responsables de importar alimentos al país ya no pueden firmar acuerdos comerciales que favorezcan la política alimentaria del gobierno.
13/11/2017: La Unión Europea prohíbe la venta de equipos de defensa o de seguridad interna a Venezuela.
14/11/2017: La agencia de calificación Standard and Poor's declara un "incumplimiento parcial" de Venezuela a pesar de los pagos regulares de la deuda por parte de Venezuela.
15/11/2017: Deutsche Bank, el principal intermediario del Banco Central de Venezuela, cierra permanentemente las cuentas de esta institución, poniendo en peligro todas sus operaciones bancarias.
Noviembre de 2017: Venezuela compra medicamentos contra la malaria (primaquina y cloroquina) en el laboratorio colombiano BSN Medical. El gobierno colombiano impide la entrega sin justificación alguna.
La guerra económica de EEUU ha hundido a Venezuela a los niveles de países en guerra
Noviembre de 2017 (II): las empresas farmacéuticas transnacionales Baster, Abbot y Pfizer se niegan a emitir certificados de exportación a Venezuela, lo que hace imposible comprar medicamentos producidos por estas compañías, particularmente en el campo de la oncología.
Noviembre de 2017 (III): Los bancos intermediarios niegan a Venezuela la realización de multitud de transacciones por un valor total de 39 millones de dólares. Esta suma estaba destinada a 23 operaciones de compra de alimentos para las fiestas de fin de año.
Noviembre 2017 (IV): La Agencia de Evaluación de Riesgos de Standard and Poor's declara a Venezuela en "incumplimiento selectivo": el país no pudo pagar un reembolso debido a las limitaciones impuestas por el sistema financiero estadounidense a las transacciones financieras venezolanas.
Noviembre 2017 (V): La gestora estadounidense de bonos Wilminton Trust acusa a la compañía estatal venezolana de electricidad Corpoelec de no pagar 27 millones de dólares en intereses de deuda, y eso al mismo tiempo que el país enfrenta un bloqueo total de pagos por el sistema financiero estadounidense.
Diciembre de 2017: En noviembre y diciembre, el Ministerio de Transporte de Venezuela descubrió que 471.000 neumáticos comprados en el extranjero no se podían enviar debido al bloqueo financiero.
29/01/2018: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que "la campaña de presión contra Venezuela está dando frutos. Las sanciones financieras que impusimos obligaron al gobierno de este país a comenzar a incumplir, tanto por su deuda soberana como por la de PDVSA Y podemos presenciar... un colapso económico total de Venezuela. Así que nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos".
Enero de 2018: Pocos meses antes del lanzamiento de la criptomoneda venezolana, el "Petro", la Asamblea Nacional (en insubordinación) dominada por la oposición, firma un acuerdo que criminaliza esta iniciativa y declara su nulidad, confirmando su voluntad y su interés en secar las fuentes de financiación del país.
Enero de 2018 (II): 11 bonos del estado venezolano y de PDVSA, por valor de 1.241 millones de dólares, no pudieron pagarse debido a sanciones financieras.
12/02/2018: El Departamento del Tesoro de los EEUU amplía las sanciones financieras contra Venezuela y las empresas venezolanas. Se prohiben la renegociación y reestructuración de los títulos de deuda de Venezuela y de PDVSA emitidos antes del 25 de agosto de 2017.
Marzo de 2018: 15 boxeadores venezolanos no pudieron participar en la clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 porque no pudieron llegar a un acuerdo con las agencias que establecieron varios límites, entre ellos el valor del billete, que pasó de 300 a 2.100 de dólares por persona cuando la empresa se enteró de que era el transporte de la Federación Venezolana de Boxeo. Cuando, más tarde, una empresa privada propuso un vuelo charter para transportar al equipo, Colombia y Panamá no permitieron que sobrevolase su espacio aéreo y México hizo lo mismo.
02/03/2018: Estados Unidos renueva, por un año, los decretos 13692 (Obama) y 13808 (Trump). El decreto 13808 impone seis nuevas medidas coercitivas para atacar la estabilidad financiera de Venezuela. La Oficina de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) advierte a las instituciones financieras globales que las transacciones con entidades públicas de Venezuela son sospechosas de corrupción. Este cargo infundado y no probado tiene el efecto de limitar el pago a las compañías de alimentos y farmacéuticas, lo que dificulta la importación de estos productos. Asimismo, esto resultará en la congelación de 1.650 millones de dólares en propiedad estatal venezolana.
27/03/2018: El gobierno de Panamá publica una lista de dieciséis empresas venezolanas sospechosas sin pruebas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
28/03/2018: El Consejo Federal de la Confederación Suiza ordena sanciones contra Venezuela muy similares a las de Estados Unidos y la Unión Europea, rompiendo así con su tradición de neutralidad.
19/04/2018: Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de EEUU, se reúne con representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido para exigirles "acciones concretas para restringir la capacidad de los funcionarios corruptos de Venezuela y sus redes de apoyo". Afirmó que el presidente Nicolás Maduro no tiene legitimidad para solicitar créditos en nombre de su país. El objetivo es secar financieramente a Venezuela.
Abril de 2018: Estados Unidos y Colombia crean un grupo de inteligencia financiera para bloquear la importación de alimentos y medicamentos: esto confirma que hemos entrado en la fase de internacionalización de la asfixia financiera promovido por el Decreto Ejecutivo de 25 de agosto de 2017.
Mayo de 2018: Se congelan 9 millones de dólares del estado venezolano. Estaban destinados al tratamiento de diálisis. 20.000 pacientes serán privados de ella.
Mayo de 2018 (II): El banco italiano Intensa Sanpaolo bloquea el dinero para el levantar el pabellón venezolano en la XVI Bienal de Arquitectura de Venecia.
Mayo de 2018 (III): Solicitando el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para resolver una disputa estimada en 2.400 millones de dólares, la compañía petrolera ConocoPhilips comienza a bloquear una serie de bienes y propiedades de PDVSA; esta maniobra debilita la posición internacional de la empresa estatal venezolana y el flujo de efectivo proveniente de la venta de crudo.
Mayo de 2018 (IV): Paralelamente al embargo puesto en marcha de manera ilegal por ConocoPhilips, la compañía minera canadiense Rusoro presenta una queja para solicitar que se la pague con los activos de Citgo y PDVSA la suma de 1.200 millones de dólares que le fue adjudicada después de un arbitraje judicial.
Mayo de 2018 (V): la empresa de subcontratación canadiense SNC-Lavalin demanda a PDVSA en el tribunal de Nueva York por presunta falta de pago de 25 millones de dólares en deuda. Este es la primera denuncia oficial de incumplimiento contra Venezuela; Esto es una prueba de que el gran capital global no se detendrá ante nada para bloquear al país, debilitarlo y apropiarse por la fuerza de sus recursos.
Mayo de 2018 (VI): El gobierno colombiano bloquea 400.000 kilos de alimentos destinados al programa CLAP (que permite comer a más de 6 millones de familias en todo el país).
21/05/2018: Debido a la reelección de Nicolás Maduro a la presidencia, Donald Trump refuerza las sanciones. Ahora estará prohibido que los ciudadanos y compañías de los Estados Unidos adquieran en EEUU propiedades pertenecientes al Gobierno de Venezuela.
25/06/2018: El Consejo Europeo adopta la Decisión 2018/901 que sanciona a los miembros de la administración venezolana, incluidos los que operan en el sector alimentario. Esta medida se hace eco de la que un año antes tomó Estados Unidos (9 de noviembre de 2017) para hacer imposible al gobierno venezolano comprar alimentos.
Julio de 2018: OFAC, oficina del Departamento del Tesoro de los EEUU, hace una excepción con el petrobon PDVSA 2020: las transacciones financieras relacionadas con este instrumento financiero pueden realizarse. Es la única cuya garantía incluye el 50% de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en los Estados Unidos. Excluir de multas a este bono se debe a que sus tenedores podrán reclamar la garantía en caso de que PDVSA incumpla los pagos.
Agosto de 2018: El Gobierno de la República Federativa de Brasil admite que, debido al bloqueo económico establecido por Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela, no pudo pagar la deuda de 40 millones de dólares con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) venezolana, que suministra electricidad al estado brasileño fronterizo con Roraima.
25/09/2018: OFAC sanciona a 5 empresas privadas por comerciar con el gobierno venezolano.
11/11/2018: El presidente Trump firma un nuevo decreto que autoriza al Departamento del Tesoro a confiscar propiedades de los operadores del sector del oro en Venezuela, sin que se exijan cargos penales o civiles. El objetivo es evitar que el Estado venezolano recupere la Cuenca Minera del Orinoco, la cuarta reserva de oro más grande del mundo. El subsecretario del Tesoro, Marshall Billingslea, en una muestra del más absoluto cinismo, dirá: "Deberíamos estar más indignados por el daño causado al medio ambiente y a los pueblos indígenas".
11/09/2018: El Banco Central del Reino Unido se niega a devolver a Venezuela 14 toneladas de oro que pertenecen a este país. Es una expoliación de nada menos que 1.200 millones de dólares.
13/12/2018: La empresa fabricante de neumáticos Goodyear de EEUU cierra las puertas de su planta en Venezuela. Motivo invocado por la dirección de esta empresa privada: "las sanciones de los Estados Unidos que hacen imposible la continuación de la actividad".
01/04/2019: Los gobiernos del Grupo de Lima, con la notable excepción de México (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) adoptan una Resolución para fortalecer el bloqueo. El texto adoptado establece listas de personalidades jurídicas con las que estos países "no deberán trabajar, a las que deberán impedir el acceso a su sistema financiero y, si es necesario, congelar sus activos y recursos económicos". Asimismo, la resolución obliga a los países miembros del Grupo de Lima a trabajar con las instituciones financieras internacionales a las que pertenecen para impedir el otorgamiento de nuevos créditos a la República Bolivariana de Venezuela.
01/08/2019: El Departamento del Tesoro de EEUU bloquea los activos de 24 empresas privadas debido a su comercio con el gobierno venezolano.
01/01/2019 (II): La Asamblea Nacional (en desacato al tribunal), dominada por la oposición, declara nulos los contratos suscritos por PDVSA con empresas extranjeras de servicios petroleros. El objetivo es evitar que la empresa pública aumente la producción. Además, aprueba la creación de un fondo de reserva con base en el extranjero formada a partir de recursos venezolanos provenientes de la corrupción. La medida, saludada inmediatamente por el Secretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo, es el preludio de la congelación de los activos y el dinero de Venezuela en el exterior, como fue el caso de la Libia de Gadafi
25/01/2019: Tras el intento de golpe y la usurpación del poder por parte de Juan Guaido, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos declara que este país "utilizará sus herramientas económicas y diplomáticas para garantizar que las transacciones comerciales del gobierno venezolano, incluidas las relacionadas con sus empresas públicas y reservas internacionales, sean compatibles con el reconocimiento de Juan Guaido como presidente interino de Venezuela". Esta maniobra tiene como objetivo robar los recursos del país con el pretexto de apoyar el poder artificial que la oposición se ha otorgado. Presionado por Estados Unidos, el Banco de Inglaterra reitera su negativa a devolver a Venezuela 1.200 millones de dólares en oro. Esto es parte de la estrategia de congelar los activos de la nación del Caribe, decidida en Washington y aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela (con mayoría de la oposición y en desacato al tribunal).
26/01/2019: Al margen de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema de Venezuela, el secretario de Estado Mike Pompeo pidió a sus aliados que "desconecten a Venezuela de su sistema financiero" así como a desviar los activos del país al gobierno paralelo e ilegítimo de Juan Guaido. El saqueo de los activos del país está en marcha.
28/01/2019: Estados Unidos anuncia una congelación de los activos de PDVSA por 7.000 millones de dólares. Juan Guaido nombra ilegalmente una nueva junta directiva de Citgo. El Departamento del Tesoro de los EEUU anuncia que las transacciones de esta compañía venezolana presente en el territorio de los EEUU se ingresarán en una cuenta bloqueada. De acuerdo con la resolución de la Asamblea Nacional (en desacato al tribunal) del 8 de enero de 2019, Juan Guiado anuncia el congelamiento de todos los bienes de su país en el extranjero. Todos los países que lo reconocen como "presidente en funciones" reciben un cheque en blanco para saquear el patrimonio venezolano.
Ahora, podemos hablar de Venezuela y confrontar los puntos de vista.
NOTA:
(1) Tomo prestadas estas preguntas por su gran relevancia para el escritor venezolano Carlos Méndez Tovar, entrevistado por Viktor Dedaj sobre el bloqueo contra... Cuba. Ver Viktor Dedaj, "Sin Embargo - Palabras cubanas contra el bloqueo", LeGrandSoir (enlace).
