La maldición del litio boliviano
por Andy Robinson
En el sudoeste del estado de Potosí, los municipios rurales en los alrededores del salar de Uyuni , el depósito de litio más grande del mundo, temen por el futuro de sus proyectos de desarrollo.
Una nueva planta de procesamiento del cereal quinoa en San Agustín. Cinco nuevas escuelas y cuatro centros de salud, parte del programa Bolivia Cambia. Nuevos sistemas de agua potable en otros cuatro municipios. “La planta está a salvo porque ya tenemos casi toda la financiación pero los demás no sabemos”, dijo Emilio Muraña Huanca, del Ayuntamiento de San Agustín controlado por del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS).
La noticia de la renuncia y la marcha de Morales llegó a estos ayuntamientos del Potosí rural como si fuera una erupción del volcán Ollagua, de 5.868 metros de altura, que domina el horizonte al oeste. “No sé si ha habido fraude electoral, pero sí sé que la oposición había decidido que denunciaría el fraude semanas antes de las elecciones”.
Lo más chocante para estos campesinos quechua en las áreas rurales del departamento de Potosí que han logrado importantes mejoras de sus vidas desde que Morales y el MAS llegaron al poder en el 2006, es que la capital de Potosí, la legendaria ciudad de la plata y del saqueo, escenificó durante más de un mes violentas protestas diarias contra el presidente de izquierdas que acabaron por mermar su popularidad.
Es más, era precisamente el proyecto más querido de Morales, –aprovechar el litio del salar de Uyuni en el departamento de Potosí para crear una nueva industria de baterías y, con un poco de suerte, hasta de vehículos eléctricos–, lo que fue utilizado por la derecha en Potosí para movilizar la ciudadanía contra el presidente.
Morales estaba acostumbrado a las permanentes movilizaciones de la derecha en Santa Cruz, la conservadora ciudad al norte, con sus grandes empresarios y su población blanca. Pero Potosí, dominado por el icónico Cerro Rico, vaciado de plata en una fiebre de extracción en el siglo XVII, es una ciudad simbólica para la izquierda, poblada por indígenas y mineros. Para Evo Morales, el litio, como todos los minerales en el subsuelo de Potosí a lo largo de cinco siglos, se acabaría convirtiendo en la maldición de la materia prima.
El némesis de Morales en Potosí se llama Marco Pumari. Tiene 38 años, es hijo de minero, indígena aunque no se define así, y es presidente del comité cívico Potonista. Pumari, ambicioso y oportunista, quiso imitar el éxito del comité cívico en Santa Cruz del ultraconservador Luis Fernando Camacho, el llamado Bolsonaro boliviano, que viene organizando constantes paros contra el presidente de izquierdas a lo largo de los años.
En Potosí, mucho mas pobre que Santa Cruz y mucho más indígena, lograr que se levantara el pueblo contra Morales sería una tarea más difícil. Pero tres semanas antes del inicio de la campaña electoral, Pumari dio con la formula. Rentabilizaría un agravio histórico: el miedo colectivo en la ciudad a que la extracción de las riquezas de su subsuelo beneficiara a otros, pero no a los potosinos.
En ese caso, no se trataba de Francisco Pizarro ni del rey de España sino de la empresa alemana ACI Systems. Había firmado un contrato con el gobierno de Morales para producir hidróxido de litio del mineral extraído en el salar y fabricar baterías de ion litio para el mercado europeo. Una empresa china, Xinjiang Tbea Group-Baocheng, haría lo mismo para Asia.
Ambas empresas participarían en sociedades mixtas en las que el accionista mayoritario sería la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos. La región de Potosí cobraría un royalty del 3% para completar la cadena nacional de suministro impulsado por el Estado, YLB firmó un contrato con la fabricante de vehículos eléctricos Quantum con una planta en Cochabamba.
Potosí de repente descubrió una identidad regionalista y se sumó a Santa Cruz –siempre secesionista cuando la izquierda gobierna en La Paz– en la presión por conseguir más autonomía y hasta un Estado federal. “Hay una enorme frustración en Potosí por haber sido un símbolo de la riqueza pero sin desarrollo; siempre se ha sentido abandonada así que es natural que diga que con el litio no le vuelva a pasar”, dijo Hernando Larrazábal, exdirector boliviano del Banco Interamericano de desarrollo. Pero “Morales tiene que establecer equilibrios; si le da excesivamente por la riqueza mineral a Potosí tendría que darle a las regiones que tienen gas”.
Finalmente, Morales cedió. Rompió el contrato con la empresa alemana tal y como Pumari había pedido. Se comprometió a invertir en una fabrica de baterías en la ciudad de Potosí y de trasladar la sede de YLB desde La Paz a la caótica ciudad de Uyuni en medio del salar. Hasta los royalties tal vez serían negociables.
Pero ya era tarde. Llegaron las anunciadas acusaciones de fraude electoral. La renuncia de Morales y la llegada a la presidencia de Jeanine Áñez, que se reunió con Camacho y Pumari antes de pronunciar su primer discurso, pareció consumar la victoria del nuevo movimiento potosino. Pero en municipios rurales del departamento de Potosí, el cambio de régimen no provocó las mismas escenas de alegría que en la capital. “El campo está con Evo, pero la ciudad, no”, dijo una indígena que cruzaba a Uyuni desde Chile.
Es más, la nueva derecha que se prepara para tomar el poder en Bolivia parece menos interesada que Evo Morales en crear una industria nacional de litio. “Este golpe de estado es porque Estados Unidos quiere nuestro litio”, dijo un manifestante aymara el viernes en una concentración de protesta en la plaza Murillo, en el centro de La Paz.
La violencia en las calles de las ciudades bolivianas no ha cesado desde el pasado 20 de octubre, día de elecciones generales. Los conflictos se han cobrado desde entonces 23 muertes. Los choques entre partidarios de Morales y el aparato de seguridad se reprodujeron ayer en puntos como La Paz, Cochabamba o El Alto. Ayer, los seguidores de Morales pidieron el repliegue de estas fuerzas para iniciar un diálogo y la pacificación. El viernes, el Ejecutivo provisional aprobó un decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares en tareas antidisturbios.
Este artículo ha sido publicado en el número 6 de la revista Prisma, que puede descargarse gratuitamente aquí.
