-

Cuando el presidente Joe Biden anunció nuevos mandatos de vacunas para 100 millones de estadounidenses, afirmó que estas medidas eran necesarias para "proteger a los trabajadores vacunados de los compañeros de trabajo no vacunados". Pero, ¿no se supone que la vacuna en sí misma es lo que protege a los vacunados? Aparentemente no suficientemente bien. Entonces, ¿qué intereses se defienden al exigir una vacuna con fugas que no evita la infección ni la transmisión de una enfermedad que es sobre todo peligrosa para personas mayores de 75 años o con que sufre de otros problemas médicos graves previos?

“Los no vacunados” es un grupo definido más por la clase social a la que pertenecen que por cualquier otra característica (aparte quizá de la edad). Aunque la administración de Biden ha invertido 10.000 millones de dólares para ampliar el acceso a las vacunas y generar "confianza en las vacunas" en áreas dónde viven personas de bajos ingresos, la resistencia acérrima a la vacunación permanece en muchas comunidades de clase trabajadora y de minorías. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, solo el 28% de los residentes negros de la ciudad de entre 18 y 44 años estaban vacunados en agosto de 2021, cuando la ciudad comenzó a pagar a los residentes 100 dólares  a cada uno a cambio de vacunarse. Cuando eso no funcionó, la ciudad adoptó un sistema de pasaporte de vacunas que excluiría a la mayoría de los jóvenes negros neoyorquinos de la mayoría de las actividades sociales y en interiores de edificio, lo que equivale a una forma de segregación de facto.

Durante los confinamientos, los trabajadores esenciales y que trabajan en primera línea eran los más afectados por las infecciones de Covid-19, mientras que los profesionales adinerados se quedaban en casa, trabajaban a distancia y ordenaban la entrega. Aquellos trabajadores alguna vez fueron llamados "héroes". Ahora, la clase social que trabaja mediante conferencias a distancia con Zoom etiqueta a los mismos trabajadores como "anti-vacunas" si prefieren confiar en la inmunidad natural que muchos de ellos ya han adquirido en infecciones anteriores. Mientras los medios de comunicación nacionales publican repetidamente historias de pacientes no vacunados que ocupan demasiado sitio en las UCI, casi la mitad de los casos de Covid-19 en los hospitales son leves o asintomáticos. Muchos hospitales se enfrentan en realidad a una grave escasez de enfermeras debido a los mandatos de vacunación obligatoria, y el hacinamiento en los hospitales estadounidenses es principalmente un síntoma de su constante reducción y recortes crónicos. En 1975 había 1,5 millones de camas de hospital disponibles en los Estados Unidos; en 2019 solo había 920.000. Para empeorar las cosas, los hospitales perdieron aproximadamente 50.000 millones de dólares al mes durante los confinamientos en 2020.

Entre tanto, el suministro de vacunas Covif-19, de equipo de protección personal y de test generó 40 nuevos multimillonarios en todo el mundo. Moderna, una empresa que nunca antes había lanzado un producto al mercado, recibió una licencia del gobierno para producir una vacuna libre de responsabilidad en caso de efectos secundarios, y un año después alcanzó una valoración de 100.000 millones de dólares. Pfizer proyecta ganar 33.500 millones de dólares por vacunas este año, y el director ejecutivo de la compañía ahora dice que necesitaremos una “vacunación anual” para protegernos contra el Covid-19.

Los defensores de los pasaportes sanitarios y la vacunación obligatoria afirman que tales políticas nos harán "volver a la normalidad". Pero el mundo cada vez más desigual que estos requisitos están construyendo es cualquier cosa menos normal. Es un mundo en el que las formas más básicas de participación en la sociedad dependen de someterse a un tratamiento médico a menudo no deseado sobre cuyos efectos no hay datos a largo plazo. Es un mundo en el que las libertades humanas fundamentales, comenzando por la libertad de hacer preguntas y elegir qué sustancias entran en tu cuerpo, ahora están siendo suspendidas y burladas por políticos, jueces y periodistas cuyo trabajo supuestamente era defender esas libertades.

A medida que la industria farmacéutica de 1,3 billones de dólares captura cada vez más a los medios de comunicación, los funcionarios electos y las instituciones científicas, el establishment de salud pública en el que muchas personas confiaban para proteger su bienestar se ha convertido en una herramienta de lucro y control. Si no hacemos frente a este establishment ahora, los daños causados ​​por un régimen sanitario de “muéstreme sus papeles” excederán con creces la amenaza que representa el propio virus.

Los argumentos políticos a favor de la vacunación universal contra el Covid-19 se basan en dos conceptos erróneos centrales: primero, que cuando las personas reciben las vacunas contra el Covid-19 están protegiendo a los demás, y segundo, que la vacunación puede proporcionar la misma reducción del riesgo para todos.

El primero se debe a la confusión sobre el término "vacuna", que puede referirse a cualquier fármaco antigénico que le enseñe al sistema inmunológico del cuerpo a responder a un patógeno. Una vacuna puede proporcionar inmunidad esterilizante al provocar anticuerpos neutralizantes que evitan que el virus entre en una célula, o simplemente puede proteger contra una enfermedad sintomática sin detener completamente la infección.

A diferencia de las vacunas contra el sarampión o la viruela, las vacunas Covid-19 existentes no brindan inmunidad esterilizante. Las vacunas de ARNm están diseñadas para dar instrucciones a las células sobre cómo producir una proteína viral, lo que impulsa al sistema inmunológico a generar anticuerpos no neutralizantes que protegen contra los síntomas graves. A pesar de las esperanzas de que frenar la enfermedad también reduciría la transmisión del virus, hay evidencia en múltiples estudios de que las personas vacunadas pueden propagar el virus, y que la variante Delta puede circular entre una población vacunada. Un estudio encontró que la vacuna Pfizer puede tener solo un 42% de efectividad contra la variante Xelta. Esto significa que bajo un sistema de pasaporte de vacunas, una persona no vacunada sin Covid-19 sería excluida de un establecimiento, mientras que una persona vacunada podría ingresar incluso si estuviera infectada y fuera sintomática. ¿Es eso lógico?

Además, algunos estudios han encontrado que la inmunidad natural a la infección por Covid-19 es equivalente o superior a la vacunación. Un estudio israelí encontró que las personas que recibieron dos dosis de la vacuna Pfizer podrían tener 27 veces más probabilidades de infectarse de la variante delta que aquellas personas con inmunidad natural. Según una estimación, el SARS-CoV-2 muta casi una vez a la semana, un 50% más rápido de lo que se pensaba anteriormente, y sin importar cuán altas sean las tasas de vacunación, el virus podría continuar mutando en reservorios animales. Esta es una de las razones por las que, a diferencia de la viruela o la poliomielitis, que no tienen huéspedes animales, es probable que el SARS-CoV-2 nunca se erradique. El virus simplemente entrará en un fase endémica y la mayoría de las personas eventualmente se expondrán a el.

El segundo error importante es la idea de que, incluso si las vacunas no detienen la propagación viral, todos pueden obtener un beneficio estadísticamente significativo si se vacunan contra el Covid-19. Como se ha demostrado a fondo, el SARS-CoV-2 no es un virus con igualdad de oportunidades. El 95% de las muertes por Covid-19 en los EEUU han ocurrido entre personas de 50 años o más, y casi el 80% de las muertes ocurrieron en personas de 65 años o más. Aproximadamente el 78% de las personas en los Estados Unidos que fueron hospitalizadas por Covid-19 tenían sobrepeso u obesidad. Un estudio de pacientes hospitalizados con Covid-19 encontró que el 94,9% de ellos tenían una o más afecciones subyacentes. Para las personas entre 0 y 19 años, la tasa de supervivencia de la infección es del 99,9973%. Por lo tanto, el análisis de costo-beneficio para vacunar a un diabético de 75 años es bastante diferente del análisis de costo-beneficio para vacunar a un niño de 12 años. Debido a que la inmunidad natural parece ser sólida y las vacunas Covid-19 no eliminan la transmisión, muchos de los que toman la decisión personal de renunciar a la vacunación, de hecho, están tomando una decisión que no es menos racional o basada en la ciencia que aquellos que quieren vacunarse.

En promedio, se necesitan 10,7 años para desarrollar y probar una nueva vacuna. Las vacunas Covid-19 actuales se desarrollaron en menos de un año y no se espera que los ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer finalicen hasta 2023. Bajo la Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP, Ley de Preparación para Emergencias y Preparación Pública) de 2005, los fabricantes de vacunas Covid-19 están protegidos de responsabilidad legal, incluso de las consecuencias de efectos secundarios graves. Un reciente estudio previo a su impresión que analiza las tendencias del Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas) encontró que el riesgo de miocarditis relacionada con la vacuna en niños de 12 a 15 años puede ser hasta seis veces mayor que el riesgo de hospitalización por Covid-19. Debido a los informes de casos de regla irregular y perdida, el NIH también se ha visto obligados a financiar estudios para investigar los efectos de las vacunas Covid-19 sobre la menstruación.

El principio del consentimiento informado voluntario dicta que cada individuo debe recibir información precisa sobre los beneficios, riesgos y alternativas de un procedimiento. Muchos estadounidenses se vacunaron pensando que era un ticket para recuperar la libertad o una panacea que brindaría una protección completa sin inconvenientes. Para otros, ahora no hay posibilidad salvo el consentimiento si también quieren mantener sus trabajos y participar en la sociedad: la decisión de vacunarse la toman sus empleadores o funcionarios electos. Si bien muchos señalan que durante mucho tiempo hemos tenido vacunación obligatoria (para la poliomielitis, como requisito para el cuidado infantil y la escuela primaria, por ejemplo), exigir un comprobante de vacunación en restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento es una coerción de un grado muy diferente. Despedir a miles de trabajadores por no estar vacunados (incluidos los que, repetimos, tienen inmunidad natural a través de la infección) tampoco tiene precedentes, ya que requiere que los niños se inyecten una vacuna de la que prácticamente no obtienen ningún beneficio, tan solo para consolar a los adultos asustados.

El caso de 1905 de la Corte Suprema de Jacobson contra Massachusetts se cita a menudo como la base legal para la vacunación obligatoria. Jacobson, quien afirmó que tanto él como su hijo habían resultado heridos por una vacuna contra la viruela que habían recibido previamente, debió pagar una multa de solo 5 dólares por rechazar volverse a vacunar. No perdió ni su sueldo ni su empleo. Rara vez se reconoce que esta decisión también hizo posible el fallo de la Corte Suprema en el caso Buck v. Bell de 1927 , en el que la corte sentenció que: “El principio que sostiene la vacunación obligatoria es lo suficientemente amplio como para cubrir el corte de las trompas de Falopio”. Esta sentencia legitimó las leyes eugenésicas y provocó 70.000 esterilizaciones forzadas en Estados Unidos. En los Juicios de Nuremberg, Karl Brandt, el principal médico nazi y médico personal de Hitler, citó a Buck v. Bell en su defensa, al igual que otros acusados.

En última instancia, la fuerza y ​​la coacción médicas tienen una historia desagradable y hay que ganar la confianza para llevar a cabo una intervención médica. No se puede ordenar. La demonización y el uso de chivos expiatorios no inspiran confianza ni seguridad. Inspiran miedo y sospecha. Si bien los avances médicos desempeñan un papel importante en la salud humana, la disminución de las enfermedades infecciosas durante el siglo XX no se logró únicamente a través de la medicina moderna. Las mejoras en la calidad de vida, las actividades de saneamiento y la seguridad alimentaria también desempeñaron un papel enorme en la reducción de las tasas de mortalidad. Esto es parte de por qué se sabe que factores como la dieta, el ejercicio y el sueño para ayudar al sistema inmunológico del cuerpo a combatir infecciones. De manera llamativa, en ningún momento los funcionarios de salud pública han aconsejado al público cómo reducir su riesgo de enfermedad a través de la vitamina D, la nutrición o la actividad física, recomendaciones de las que no puede obtenerse fácilmente un beneficio económico. La atención se ha centrado exclusivamente en promover las vacunas financiadas por los contribuyentes producidas por la industria farmacéutica, que —entre una población que aún se recupera de una epidemia de opioides— se ha ganado la desconfianza generalizada del público.

Entre 1991 y 2017, la industria farmacéutica de EEUU tuvo que pagar un total de 38.600 millones de dólares en 412 acuerdos penales y civiles. Pfizer pagó el acuerdo de fraude de atención médica más grande en la historia de los EEUU como parte de una multa de 2.300 millones de dólares por marketing ilegal, junto con otrasmuchas  sanciones. El lobby farmacéutico es el más grande de los Estados Unidos, y supera con creces a cualquier otra industria. En 2020, gastó 309 millones de dólares en lobbyismo, mientras que la industria de seguros gastó 154 millones y el petróleo y el gas 112 millones. En 2019, la industria farmacéutica gastó 30.000 millones en marketing, 10.000 millones de los cuales se gastaron en publicidad y marketing directo al consumidor. Dos tercios del Congreso ha recibido dinero de la industria y la FDA obtiene el 75% de su presupuesto de revisión de medicamentos directamente de la industria farmacéutica. Scott Gottlieb, el ex director de la FDA que aceleró el proceso de aprobación de medicamentos de la agencia, ahora forma parte de la junta de Pfizer.

La relación incestuosa entre la industria farmacéutica, los organismos reguladores, el Congreso y los medios de comunicación ha socavado la capacidad del público para acceder a información imparcial. Las discusiones sobre antivirales no patentados y reutilizados o tratamientos ambulatorios tempranos son fuertemente censurados en internet por plataformas tecnológicas monopolistas (se refiere a Facebook, Twitter o Google, AyR). A medida que los no vacunados son tratados cada vez más con burla y desprecio, la campaña de vacunación se ha definido señalando a quienes no participan y el desprecio por la ética médica. En Florida, 75 médicos realizaron una huelga simbólica para expresar su frustración hacia los pacientes no vacunados; en Los Ángeles, un médico se quejó de "fatiga por compasión"; y en Alabama un médico declaró que se negaría a tratar a personas no vacunadas. Mientras tanto, los médicos que cuestionan la ortodoxia del Covid-19 ahora están siendo amenazados con perder sus licencias médicas.

La versión oficial de la Casa Blanca y los CDC es que los vacunados están en peligro por los no vacunados, que cualquier problema relacionado con la eficacia de una vacuna es culpa de quienes no se vacunaron y que la enfermedad es el resultado de un fracaso moral. Estas afirmaciones están diseñadas para producir ira y división. Están siendo utilizados conscientemente por actores políticos cuyas campañas de presión utilizado la palabra "ciencia" como un arma contra el pensamiento crítico y la investigación, que son el corazón del método científico. El resultado solo puede describirse como un peligro para los cimientos de una sociedad democrática libre y abierta.

Dado que las vacunas Covid-19 no parecen detener la propagación del virus, simplemente no existe una justificación médica o moral para los pasaportes sanitarios y la vacunación obligatoria. Aquellos que se sientan cómodos con estas políticas deben preguntarse cómo se sentirían si pronto se requiriera una cuarta dosis de la vacuna para poder comprar alimentos, tomar un vuelo nacional, alquilar un apartamento, acceder a una cuenta bancaria, ser admitido en una sala de emergencias o recibir beneficios de desempleo después de ser despedido por no vacunarse. El bioautoritarismo emergente que comenzó como “dos semanas para aplanar la curva” hará metástasis en algo aún más repugnante y peligroso a menos que nos opongamos de manera abierta ahora, a través de boicots, protestas, juicios, acciones laborales y desobediencia civil.