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Si bien las devastadoras consecuencias económicas y sociales que ha traído para la población el extendido período de pandemia son el aliciente para que los gobiernos busquen en este tipo de instrumentos una herramienta para “premiar” el comportamiento de la ciudanía responsable que ha cumplido con su deber de inmunización, hay un problema severo en esta estrategia desde la perspectiva de la comunicación del riesgo primero, y luego respecto del ejercicio de derechos fundamentales.

A inicios de mayo, la prensa anunciaba que seis países de América Latina y el Caribe, entre ellos Chile, estaban desarrollando una iniciativa para impulsar proyectos que incentiven la transformación digital de la salud en la región y cuya primera iniciativa sería el desarrollo de un certificado de vacunación digital e interoperable para Covid-19. Se trataría de una iniciativa patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alineados con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

La digitalización del expediente médico es un proceso en curso en muchos países de la región, entre ellos Chile. En los últimos años ha sido conducido de la mano de evaluaciones de cómo implementarse en una forma que proteja la seguridad y la privacidad de los datos de salud, y que no impacte negativamente el ejercicio de otros derechos fundamentales. La pregunta aún sin respuesta es si el anuncio sobre certificaciones digitales interoperables de vacunación en la región va a satisfacer tales estándares y cómo. Los riesgos de avanzar en certificaciones de vacunación e inmunidad digital o pases de movilidad se extienden a la inadecuada comunicación de riesgo y al impacto en el ejercicio de derechos.

Los certificados de vacunación tienen dos propósitos principales: generar un registro que facilite la continuación de las prestaciones de salud para la persona que ha recibido un tratamiento de inmunización, y entregar información acerca del tipo de inmunización recibida para hacer seguimiento a sus resultados o validez. A nivel mundial existe una larga historia de programas de inmunización que en el último siglo se han desarrollado sin problemas, entregando la información a sus beneficiarios en papel.

Todo evento de prestación de salud requiere del acceso a datos personales y datos sensibles que se configuran a partir de la prestación de salud recibida. Tales datos normalmente residen en la ficha médica, a la cual solo la paciente y sus prestadores de salud tienen acceso, y no son consignados en forma detallada en las certificaciones recibidas, que solo contemplan la información mínima para identificar a la paciente y su evento de inmunización. La digitalización de los certificados de vacunación va acompañada de un aumento de la cantidad de datos recogidos e incrementa la posibilidad de generar eventos de acceso no autorizado a esa información para propósitos que pueden ser completamente distintos a los originales, es decir, información de continuación de prestaciones de salud y prueba de inmunización. Creado el antecedente digital, y al forzar a la población a circular con esta información en sus dispositivos digitales, el riesgo de pérdida de control, derivado de usos no relacionados al tratamiento de salud, se extiende exponencialmente.

Los pases de movilidad proponen un caso de uso tanto más problemático, ya que intentan asociar a un episodio (o varios) de inmunización a un diferencial en cuanto a las posibilidad de ejercer la libertad de movimiento sin restricciones, en comparación de aquella limitada para las personas no inmunizadas. Los pases de movilidad se basan en una inferencia de riesgo menor de infección y contagio basado en el episodio de inmunización. Para que esa inferencia sea sólida, debe sostenerse en evidencia científica de cuál es el nivel de disminución de riesgo de contagio y de propagación del virus que la inmunización genera. En Chile, la Universidad de Chile ha indicado que ese riesgo se sitúa en el 56,5% como promedio para las vacunas en actual utilización en Chile. Mientras, el Ministerio de Salud declara que la vacuna SINOVAC (con la que mayoritariamente ha sido inmunizada la población nacional) tiene 67% de efectividad para prevenir Covid-19 sintomático. Es decir, incluso en la cifra más optimista, 3 de cada 10 personas vacunadas aún se encuentran en riesgo de contraer y transmitir COVID-19.

Avanzando en la trilogía, los pasaportes de inmunidad buscan generar un grado de certeza que permita la circulación de la población y la reactivación de las actividades económicas y sociales, incluso en el tránsito internacional. Su emisión depende de la existencia de métodos de medición de los grados de inmunidad desarrollada por la población frente a una enfermedad infectocontagiosa. Su objetivo es precisamente discriminar entre aquellos que cuentan con inmunidad y quienes carecen de ella, asignando consecuencias de movilidad y oportunidades de empleo a esa clasificación. Así, buscan imponer una restricción artificial sobre quién puede participar en actividades sociales y económicas, y quién no. Es por ello que las expertas llaman la atención acerca del riesgo de que los pasaportes de inmunidad creen un incentivo perverso para que las personas busquen infectarse, especialmente las más vulnerables, que no pueden permitirse un período de exclusión de la fuerza laboral, agravando las desigualdades sociales preexistentes. La OMS expresó en 2020 su preocupación por el desarrollo de pasaportes de inmunidad, advirtiendo la información insuficiente acerca del desarrollo de anticuerpos para el SARS-CoV-2, con los riesgos de errónea clasificación de los niveles de inmunidad de la población que ello podría implicar. En la actualización provista en mayo de 2021, la OMS vuelve a repetir que la evidencia sobre la respuesta inmune y su duración respecto de la infección de Covid-19 o su inmunización no se encuentra suficientemente comprendida a la fecha, con lo cual la correlación de su efecto de protección no puede ser aún establecida.

Para evitar las críticas internacionales a que han sido sujetos los pasaportes de inmunización, como el renombrado pase verde de la Unión Europea, en Chile las autoridades han optado por la nomenclatura de “pase de movilidad” que como vimos más arriba se encuentra sujeto a las mismas incertidumbres en la comunicación de riesgo que los pasaportes de inmunidad: ambos hacen inferencia hasta ahora no asentadas en evidencia científica de nivel de riesgo de contraer y contagiar el SARS-CoV-2.

Tal como lo ha destacado el European Data Protection Board (EDPB) al emitir su opinión sobre la propuesta de certificado verde para la Unión Europea, “parece haber poca evidencia científica que respalde el hecho de que haber recibido una vacuna COVID-19 (o haberse recuperado de COVID-19) otorga inmunidad y por cuánto tiempo dura. Por lo tanto, el Certificado Verde Digital debe entenderse simplemente como una prueba verificable de una solicitud o historial médico fáctico con sello de tiempo que facilitará la libre circulación de los ciudadanos de la UE debido a su formato común en todos los Estados miembros. Sin embargo, advertimos derivar conclusiones sobre inmunidad o contagio, ya que una opinión científica consolidada aún está pendiente”.

Por su parte, el Ada Lovelace Institut ha advertido que los pasaportes digitales no deben implementarse mientras se desconoce tanto sobre COVID-19, particularmente el efecto de diferentes vacunas (y regímenes de vacunación) sobre la transmisión, la duración de la protección y la generalización de esos efectos. En otras palabras, el pasaporte de vacunación se basa en la premisa de que el estado de “vacunada” dice algo sobre el riesgo que una persona representa para otros, no simplemente el riesgo que cada persona enfrenta de contagiarse. “En la actualidad, el estado de vacunación no ofrece evidencia clara o concluyente sobre el riesgo de un individuo para otros a través de la transmisión. El estado de vacunación nunca puede ofrecer evidencia absolutamente concluyente del riesgo de un individuo para otros (o su propio riesgo), ya que ninguna vacuna será 100% efectiva para el 100% de los receptores”.

La consecuencia más grave sobre este error en la comunicación de riesgo, el incremento en la circulación del virus y el aumento en el nivel de contagios consecuente, fue denunciada en Chile por el Colegio Médico y un número relevante de Asociaciones Médicas al realizarse el anuncio de despliegue del pase de movilidad por el gobierno de Chile. Dos semanas luego de su implementación, la evidencia del aumento de casos a nivel nacional, con alrededor de 50 mil casos activos, parece respaldar que un relajamiento de la movilidad no se justifica ni siquiera con un programa de vacunación exitoso.

No se trata de poner en cuestión la utilidad de las vacunas que indudablemente reducen el riesgo de contraer la enfermedad o de presentar sus síntomas más severos. El cuestionamiento a los pases de movilidad o certificaciones de inmunidad no tiene nada que ver con la defensa al “derecho a no vacunarse” que algunos individuos han intentado enarbolar, de lo que se trata es de entregar información adecuada a la población que evite el relajamiento de las medidas sanitarias de distanciamiento social, uso de mascarillas e higiene de manos que siguen siendo esenciales para contener la pandemia.

Tristemente, aquí nos encontramos no solo frente a un problema de oportunidad que ha sido el ángulo enfatizado desde la comunidad científica, sino que, junto a la falta de certeza científica acerca de la predicción de riesgo que acompaña a la inmunización, se sitúa un problema social relacionado con cómo los pases de movilidad, los certificados de vacunación digital o los certificados de inmunidad pueden terminar transformándose en instrumentos de discriminación en el ejercicio de derechos, cuyos impactos negativos se extiendan a los ya dolorosos efectos económicos y sociales que afectan a sectores más vulnerables.

No es casualidad que al inicio de la pandemia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Resolución 1/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, recomendó a los Estados de la región “adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y susconsecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen. Estas deben estar apegadas al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, en el marco de su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y transversalidad, particularmente de los DESCA”.

Desde un punto de vista individual, un pase de movilidad registra datos de salud privados, ¿cómo se protege esta información? ¿Cómo se previene el riesgo de fraude o falsificación? ¿Cómo se previenen violaciones de la privacidad? Desde un punto de vista social, la adopción de pases de movilidad tiene impactos concretos en el ejercicio de la libre circulación, el derecho a reunión e incluso sus impactos pueden extenderse al acceso a las oportunidades de empleo.  Estos pasaportes no deberían resultar en una herramienta de control social que restrinja la movilidad de la población en contextos de disidencia política o en una herramienta adicional para imponer restricciones abusivas a la migración, por nombrar solo algunos de los potenciales impactos negativos de estas implementaciones.

La creación de un pase de movilidad genera una indudable tentación para las empresas de condicionar el acceso a oportunidades de empleo a la titularidad de estos, en el marco de una campaña de vacunación que aún no alcanza la universalidad y, repetimos, cuyas condiciones de duración de inmunidad no se encuentra científicamente determinada aún. Un uso de este tipo tendrá consecuencias indudables de discriminación, pero también desafíos logísticos en torno a cómo se realizan las verificaciones de los pases y cómo se vigila que continúe la adopción de otras prevenciones sanitarias como el distanciamiento social y uso de mascarillas. El pase de movilidad puede fomentar una falsa sensación de seguridad, ya sea en su titular o en otras personas (como su empleador) y aumentar, en lugar de disminuir, los comportamientos de riesgo. Existe vasta experiencia previa desde la normativa de protección de los derechos de los trabajadores acerca de los riesgos de permitir decisiones de empleo atendidas a condiciones de salud, o de riesgos de salud derivados de condiciones de trabajo inadecuadas. Y esa experiencia será útil para calibrar los derechos en juego.

Otra forma palpable de discriminación que presentan las certificaciones de vacunación e inmunidad o los pases de movilidad digital está precisamente asociada a su carácter digital. Nuevamente, sin condiciones de conectividad universal a internet aseguradas para la población general, habilidades digitales limitadas en algunos segmentos o baja disponibilidad de dispositivos inteligentes, grupos de la población con acceso limitado a la tecnología por cualquiera de estos factores quedarán excluidas de su uso.

Estos riesgos fueron claramente anotados además en una recomendación específica emitida el año pasado por la CIDH en su Resolución 4/20 sobre los “derechos humanos de las personas con Covid-19”: “los Estados deben abstenerse de utilizar los datos sobre el estado de salud de las personas con COVID-19 para expedir certificaciones de inmunización que generen una diferencia de trato injustificada en el disfrute y ejercicio de otros derechos”.

Entonces avanzando un paso más en el análisis de necesidad, proporcionalidad y legalidad que exigen los estándares interamericanos de derechos humanos, ¿cuál es el marco de legalidad que acompaña al pase de movilidad en Chile? Sin una ley de protección de datos personales actualizada, con pocas certezas de como se manejan los datos de comisaría virtual y la opaca implementación de CoronApp previamente criticada por Derechos Digitales, la política pública desplegada tampoco ha sido acompañada de ningún tipo de certeza acerca de cómo los datos que son recogidos para generar el certificado digital serán procesados, accedidos (y por quién) o cómo será limitado su uso para otros fines.

Por último, las certificaciones de vacunación e inmunidad digital o los pases de movilidad pueden ser una distracción tentadora. Su desarrollo implica costos de oportunidad importantes desde una perspectiva de recursos públicos, lo que implica dejar de usar esos mismos recursos en otras intervenciones. Sin embargo, su utilidad específica para la pandemia se encuentra temporalmente limitada, ya que es esperable que con los programas de vacunación y la circulación del virus se alcance más temprano que tarde la inmunidad de grupo. ¿Vale la pena sacrificar derechos y libertades si una vez que haya inmunidad colectiva estos instrumentos de discriminación no tendrán sentido sanitario? ¿Qué haremos entonces con estas infraestructuras de control puestas en marcha? ¿Serán ellas desmanteladas? ¿Cómo aseguramos que los datos por ellas recogidas no sean extendidos a otros usos secundarios de control social?